El Senado nacional dio media sanción, en la madrugada de este viernes, a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, sin abstenciones, y fue girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
30 de octubre de 2026
El proyecto modifica aspectos centrales de la Ley 26.657, vigente desde 2010, y reordena las reglas de internación involuntaria, el rol de los equipos interdisciplinarios, la atención de las adicciones y la participación de las familias. El oficialismo defendió la reforma como una actualización del sistema, mientras la oposición cuestionó especialmente los cambios en los criterios de internación.
Internaciones involuntarias: el cambio central
La reforma reemplaza el criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” de la persona o de terceros. La evaluación deberá considerar no solo el estado actual del paciente, sino también antecedentes de conductas o ideas dañinas y las posibles consecuencias de no recibir tratamiento.
La internación seguirá siendo un recurso terapéutico excepcional, aplicable cuando no resulten posibles los abordajes ambulatorios. Sin embargo, en una emergencia podrá disponerla un solo médico, preferentemente psiquiatra, y un equipo interdisciplinario deberá revalidarla dentro de las 48 horas.
Además, ya no será necesaria una autorización judicial previa: la medida deberá comunicarse a la Justicia, que conservará facultades para pedir informes, ordenar peritajes o disponer la externación. La evaluación inicial deberá llevar la firma de dos profesionales y se habilitan teleconsultas con psiquiatras cuando no pueda garantizarse su presencia física.
Más participación de las familias
El texto incorpora obligaciones y derechos para familiares y responsables de personas con trastornos mentales. Desde el diagnóstico deberá elaborarse un plan de egreso, con notificación anticipada al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos para coordinar las condiciones de salida.
También se prevé que el Estado intervenga cuando el paciente no cuente con una red familiar que pueda acompañarlo. Las internaciones de más de 180 días serán consideradas prolongadas y activarán de oficio al Órgano de Revisión.
Adicciones, niñez y manicomios
La reforma amplía el abordaje de las adicciones dentro de las políticas de salud mental e incorpora expresamente la ludopatía como problemática tratable en ese marco. También crea un mecanismo de cooperación económica entre la Nación y las provincias, cuyos recursos deberán incluirse en el Presupuesto Nacional.
Para niñas, niños y adolescentes, la atención deberá estar a cargo de equipos con formación infantojuvenil y, si requieren internación, deberán permanecer en espacios separados de los adultos.
El proyecto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y ratifica el objetivo de promover dispositivos comunitarios de inclusión social y laboral. Al mismo tiempo, permite que las internaciones se realicen en hospitales generales y también en hospitales o centros especializados en psiquiatría y salud mental, públicos o privados.
“Esta es la primera alegría que puedo disfrutar”
Tras la aprobación, Stella Maurig, una de las madres que impulsó la reforma, celebró el resultado. “Estoy muy emocionada. Después de lo que perdí, con la muerte de mi hijo, esta es la primera alegría que puedo disfrutar, porque siento que hicimos algo para que esto no le vuelva a pasar a nadie más”, expresó.
El caso de Stella es el de su hijo David Maurig, quien murió por suicidio en 2019, a los 31 años, tras años de consumos problemáticos y padecimientos de salud mental. Su madre sostiene que la familia no logró acceder a una internación ni a un tratamiento sostenido y que, con otros instrumentos legales, la muerte podría haberse evitado.
David comenzó a consumir drogas a los 14 años, fue padre de dos hijos y recibió diagnósticos de bipolaridad y trastorno límite de la personalidad, aunque, según su madre, no adhería a los tratamientos. Stella relató que David atravesó múltiples crisis, estuvo preso en tres oportunidades y que, al salir de una de esas detenciones, ella solicitó que la Justicia dejara constancia de la necesidad de tratamiento por adicciones. Afirmó que no recibió esa respuesta y que luego perdió contacto con él.
David se quitó la vida el 16 de julio de 2019 en su departamento de Villa Crespo. Su madre asegura que la familia había intentado reiteradamente conseguir ayuda, pero que los ingresos a guardias terminaban con desintoxicación y alta, sin una contención posterior ni un camino claro hacia el tratamiento.
Desde entonces, Stella Maurig convirtió su duelo en un reclamo público. Es psicoeducadora, especialista en adicciones y fundadora de La Madre Marcha, una organización que acompaña a familias y exige cambios en las políticas de salud mental y adicciones.
Maurig se convirtió en una de las voces más visibles del pedido para modificar la Ley de Salud Mental, en particular el criterio de “riesgo cierto e inminente” que regía para las internaciones involuntarias. Su postura es que ese estándar dejó a muchas familias sin herramientas para actuar cuando percibían un peligro latente, aunque no inminente.
La sesión se extendió durante la madrugada y pasó a Diputados, donde la iniciativa deberá obtener sanción definitiva para convertirse en ley.
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