Los tres condenados por el Megajuicio fueron trasladados en la madrugada de este viernes desde el Penal de Paraná al establecimiento El Potrero. Sus defensas insisten con la detención domiciliaria.
11 de septiembre de 2026
El exgobernador Sergio Urribarri, el exministro Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera —excuñado del exmandatario— fueron mudados este viernes desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná a la Unidad Penal El Potrero, en Gualeguaychú, donde seguirán cumpliendo las penas firmes del Megajuicio por corrupción. La comitiva partió cerca de las 4.30 custodiada por el Servicio Penitenciario provincial y llegó al penal de Gualeguaychú alrededor de las 8.20.
La medida se concretó días atrás, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso extraordinario de la defensa de Urribarri y dejó firme la sentencia de 2022. Con ese fallo, la Fiscalía quedó habilitada a pedir la detención inmediata de los tres, que primero fueron alojados en la cárcel de la capital entrerriana. Ante la chance de terminar en Gualeguaychú, los abogados gestionaron que sus clientes quedaran en El Potrero, la cárcel más moderna de la provincia, con menos internos y un pabellón para mayores de 60 años.
La sentencia original es del 7 de abril de 2022. El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná encontró a Urribarri responsable de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, y le aplicó ocho años de prisión más inhabilitación absoluta y perpetua. Báez y Aguilera recibieron seis años y seis meses cada uno. La investigación determinó que el exgobernador orientó contrataciones de publicidad oficial en beneficio propio y de Aguilera, señalado como armador de un entramado de testaferros para captar pauta oficial en la vía pública.
La condena fue ratificada por la Cámara de Casación Penal de Paraná en mayo de 2024 y luego por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que en octubre habilitó el recurso ante la Corte Suprema, y finalmente ésta firmo la sentencia definitiva. Con esto, Urribarri se convirtió en el primer gobernador argentino en pisar la cárcel con una condena firme por corrupción. Su defensa pidió la domiciliaria con tobillera electrónica, algo que no prosperó, y se espera que el planteo vuelva a la Justicia en las próximas horas.
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