El Tribunal Oral Federal N°5 dio a conocer este lunes el veredicto en la causa Sueños Compartidos, uno de los juicios emblemáticos por presuntos desvíos de fondos públicos destinados a viviendas sociales durante el kirchnerismo. El fallo llegó “al límite” de la prescripción y dejó un resultado mixto: penas en suspenso para José López, Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y absolución para el exministro Julio De Vido.
14 de septiembre de 2026
Qué decidió el tribunal
Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg consideraron probado el desvío de más de 206 millones de pesos que el Estado había girado entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas y centros de salud en distintas provincias.
Las condenas fueron:
- José López (exsecretario de Obras Públicas): 2 años y 9 meses de prisión en suspenso, como coautor de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
- Abel Fatala (exsubsecretario): misma pena, 2 años y 9 meses en suspenso.
- Sergio Schoklender (exapoderado de la Fundación Madres): 2 años y 8 meses en suspenso.
- Pablo Schoklender: 2 años y 4 meses en suspenso.
Al no superar los tres años de condena, ninguno de los sentenciados irá a prisión por esta causa; las penas son condicionales y quedan sujetas a eventual revocación si cometen nuevos delitos en el período de prueba.
En cambio, Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, fue absuelto por mayoría, al considerar el tribunal que no se acreditó su responsabilidad directa en la maniobra delictiva.
El tribunal también condenó como partícipes secundarios a otros cuatro imputados (exfuncionarios santiagueños y de Planificación), con penas menores, y ordenó el decomiso de los 206 millones de pesos, actualizados por inflación, con destino a programas de vivienda social.
De qué se trató el caso Sueños Compartidos
El programa Sueños Compartidos nació como un plan de viviendas sociales ejecutado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entonces conducida por Hebe de Bonafini, mediante convenios con el Ministerio de Planificación que encabezaba De Vido.
Según la acusación, entre 2008 y 2011 el Estado transfirió a la fundación casi 748,7 millones de pesos, de los cuales 206,4 millones habrían sido desviados a empresas vinculadas a los hermanos Schoklender, apoderados de la fundación. La fiscalía describió un “plan criminal” con adjudicaciones directas, sin licitación, y una “arquitectura delictiva” montada sobre la contratación pública.
La causa se abrió en 2011, cuando estalló la pelea interna entre los Schoklender y Hebe de Bonafini, y recién llegó a juicio oral en marzo de 2026, tras 15 años de tramitación y seis meses de audiencias. Hebe de Bonafini estuvo procesada hasta su muerte, en noviembre de 2022, y nunca llegó a sentarse en el banquillo.
Prescripción, al límite del plazo
El veredicto se leyó cuando la causa estaba al filo de la prescripción: la defensa sostuvo que se cumplían seis años desde el último acto interruptivo válido y que la acción penal debería extinguirse. El tribunal rechazó esos planteos y avanzó con la sentencia, en una decisión que los abogados de los nueve imputados ya anunciaron que apelarán ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Últimas palabras y tensión política
En la audiencia previa al fallo, el único que usó sus últimas palabras fue Sergio Schoklender, quien defendió la ejecución del programa habitacional y lanzó una ironía contra Cristina Kirchner, diciendo que no iba a sostener, “como decía la loca, que la historia me va a absolver”. De Vido, López, Fatala y Pablo Schoklender desistieron de hablar.
Reacciones tras el fallo
Tras conocerse la sentencia, Sergio Schoklender salió a cuestionar el veredicto y afirmó que “está totalmente probado que no se cometió ningún delito” y que “no se desvió un puto fondo”, según trascendió en sus primeras declaraciones.
Desde la fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuó como querellante, se había pedido la pena máxima prevista para el delito (seis años de prisión más inhabilitación perpetua) para De Vido, López, Fatala y los dos Schoklender, y el decomiso de los 206 millones con destino a vivienda social.
Qué sigue
Ninguna de las condenas está firme: las defensas ya anticiparon que llevarán el caso a Casación, por lo que el fallo podrá ser revisado en una instancia superior. Además, queda pendiente un segundo tramo de la causa, por lavado de dinero, que sigue la ruta de esos fondos hacia las empresas de los Schoklender.
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