La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se presentó formalmente en la causa por el caso $LIBRA, asumió el impulso penal que había dejado de lado el fiscal Eduardo Taiano y apeló los sobreseimientos del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros nueve acusados. El organismo, que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez, consideró “prematura” la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de cerrar el expediente.
30 de octubre de 2026
En un escrito de 16 carillas, la PIA sostuvo que la investigación no está agotada y que quedan medidas de prueba por realizar para esclarecer el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda. El organismo pidió reabrir la causa y, en caso de que el juez rechace ese pedido, planteó una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal revise la decisión.
Lo que no queda claro para la PIA
La Procuraduría consideró necesario profundizar la investigación sobre varios puntos centrales: la trazabilidad de los fondos, la recuperación y análisis de comunicaciones, eventuales acuerdos comerciales y los movimientos de dinero vinculados con el caso. También cuestionó que los indicios hayan sido valorados de manera aislada y no en conjunto.
Entre las líneas pendientes, la PIA mencionó el peritaje sobre la nota “final agreement as discussed with H”, en la que Mauricio Novelli aludió a pagos por US$5 millones. Según el organismo, el alcance del análisis realizado hasta ahora no permite descartar la hipótesis delictiva.
La presentación también destacó los ingresos a la Casa Rosada autorizados por la Secretaría General de la Presidencia. Aunque aclaró que no corresponde analizar en esta etapa el contenido de las reuniones, consideró que las fechas y los reiterados accesos de Novelli y Morales constituyen indicios que, valorados en conjunto, robustecen la hipótesis delictiva.
El desacuerdo con el fiscal Taiano
La intervención de la PIA contradice la posición del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado los sobreseimientos de Milei, Karina Milei y los demás imputados. La PIA señaló que la evidencia reunida exige profundizar la investigación y advirtió sobre la falta de colaboración de otras jurisdicciones, como Estados Unidos, y de peritajes forenses pendientes sobre teléfonos celulares.
El organismo también mencionó “maniobras de entorpecimiento y ocultamiento” atribuidas a algunos imputados, como Mauricio Novelli y Sergio Morales, quienes habrían borrado contenidos.
La PIA ya había abierto una investigación propia tras el lanzamiento y colapso de $LIBRA, pero Taiano nunca le dio intervención durante el año y medio en que estuvo a cargo de la causa penal. Ahora, el organismo decidió asumir directamente la acción penal.
El impulso de las ONG
La presentación de la PIA respondió a un reclamo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que participan con una figura que se traduce como “amigos del tribunal” (amicus curiae). Esta permite que terceros ajenos a un juicio se ofrecen voluntariamente —o son convocados— para aportar opiniones jurídicas, información técnica o argumentos sobre un tema de interés público. Ambas organizaciones pidieron que la fiscalía especializada asumiera la persecución penal para evitar el cierre definitivo del expediente.
Cipce e Inecip cuestionaron la actuación de Taiano por las recusaciones presentadas contra él, las filtraciones de información sensible a la prensa y el manejo de los tiempos de análisis de pruebas clave. También reclamaron que el Presidente fuera citado a declarar indagatoriamente y denunciaron que los sobreseimientos se dictaron sin garantizar a las víctimas la posibilidad de ser escuchadas.
Qué sigue
El juez Martínez de Giorgi está de viaje por dos semanas, por lo que el Juzgado Federal 8 quedó a cargo interinamente de Daniel Rafecas. Se prevé que el juzgado corra vista a Taiano para que se expida sobre la presentación de la PIA y deje el expediente listo para que Martínez de Giorgi resuelva al regresar.
Si el juez rechaza el pedido de reapertura, la apelación subsidiaria de la PIA permitirá que la Cámara Federal examine la cuestión. La intervención del organismo abre así una nueva instancia judicial en una causa que involucra al Presidente, a su hermana y a otros funcionarios y particulares vinculados con el lanzamiento del token.
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