Empresarios impulsan la destitución del juez que absolvió a dirigentes de Camioneros por el bloqueo a una pyme

Las denuncias buscan determinar si el fallo configura mal desempeño y si corresponde avanzar con el enjuiciamiento y la eventual remoción del magistrado. La sentencia eximió de culpa a los responsables de la protesta, que se extendió durante cinco días e incluyó amenazas y hostigamiento.

El juez dio por probado que existió un bloqueo que impidió el acceso a la empresa y que le ocasionó pérdidas millonarias, pero lo consideró como el “legítimo ejercicio de un derecho”.

Las denuncias

Desde el empresariado se impulsan dos denuncias ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Una fue promovida por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), con el aval de su presidente, Juan Méndez, y se oficializó este viernes. La otra se presentará esta semana, con el apoyo estimado de unas 50 empresas.

Ambas presentaciones cuestionan el fallo absolutorio y piden que el Jurado analice si la actuación del juez podría encuadrar en causales de mal desempeño. Las denuncias sostienen que López dictó la absolución pese a haber tenido por acreditados los episodios de obstrucción del ingreso y egreso de vehículos en la pyme, y que consideró esas conductas justificadas por el “ejercicio de un derecho”, en referencia al artículo 34, inciso 4°, del Código Penal.

El reclamo empresarial

El MEAB aclaró que su cuestionamiento “no se dirige contra el reconocimiento constitucional del derecho de huelga ni pretende desconocer la legitimidad de los reclamos sindicales”, pero planteó que debe determinarse si el juez delimitó adecuadamente el alcance de ese derecho y examinó la afectación de derechos de terceros.

“La tutela constitucional de la huelga debe armonizarse con los restantes derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento jurídico, entre ellos el derecho de propiedad, el ejercicio de actividades económicas lícitas y la protección de la posesión frente a actos de turbación”, expresó la entidad.

La denuncia sostiene que el reconocimiento del derecho de huelga no implica que toda conducta desplegada durante un conflicto laboral quede automáticamente justificada por la sola existencia de un reclamo sindical.

“Las medidas de acción sindical pueden constituir instrumentos legítimos de reivindicación. Pero cuando sus modalidades concretas involucran la obstrucción de accesos, la limitación de la circulación o la afectación del funcionamiento de establecimientos, se impone un análisis jurídico”, argumentó el MEAB.

Qué piden

Las presentaciones solicitan que se investigue una eventual configuración de tres causales previstas en el artículo 21 de la Ley 13.661: incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de las funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y comisión de graves irregularidades en procedimientos a cargo del magistrado o en los que hubiera intervenido.

El MEAB aclaró que la denuncia no implica afirmar de antemano la responsabilidad del magistrado ni desconocer las garantías que protegen la independencia judicial.

El Jurado de Enjuiciamiento deberá resolver, en primer término, la admisibilidad y pertinencia de los hechos expuestos antes de avanzar, eventualmente, con las medidas de comprobación correspondientes.

La reacción de la empresa

El empresario Ariel Rey, dueño de Rey Distribución SRL, calificó la absolución como un “cheque en blanco a la impunidad y a la mafia sindical”. El empresario anunció que apelarán el fallo y que impulsarán un jury contra el juez López. 

“Nos sorprendió el fallo del juez. Hubo una acusación con hechos contundentes y había sido dictada la prisión preventiva de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola. No esperábamos que un juez, cuyo criterio pongo en duda, directamente lo absuelva de absolutamente todo”, sostuvo Rey. 

Rey anticipó que recurrirán el fallo y que llevarán a Casación “todos los delitos que venimos sosteniendo, de manera urgente y contundente”. 

Los hechos denunciados

El empresario relató que en 2011 hubo un avasallamiento de seis bloqueos simultáneos a distintas pymes y empresas de comercio de San Pedro por parte del Sindicato de Camioneros. Según su relato, en 2017 la empresa tuvo que acceder, por presión y amenazas, a trasladar empleados del Sindicato de Comercio a Camioneros. 

“Después empezó la extorsión: tener que darle plata a un sindicato para que te deje trabajar en paz y, si no, te bloquean. Esa es la amenaza. Finalmente, en 2021, producto de todas estas presiones, cumplieron con la amenaza”, relató el empresario. 

Rey aclaró que su empresa tiene 36 empleados encuadrados en el Sindicato de Comercio y que está a favor de la representación institucional del trabajador y del derecho de huelga. “Pero huelga no significa extorsión ni justifica el delito”, concluyó.