La Comisión de Obras Públicas de la Cámara Alta analizó un proyecto que modifica el régimen provincial de concesiones y que ya tiene media sanción de Diputados. Desde el Poder Ejecutivo aclararon que la iniciativa no apunta a privatizar servicios públicos, mientras que legisladores plantearon la necesidad de establecer límites precisos sobre la titularidad de los bienes y servicios.
11 de noviembre de 2026
La Comisión de Obras Públicas del Senado de Entre Ríos comenzó este martes el análisis del proyecto de ley que modifica el artículo 5° de la Ley N° 11.280, que regula las concesiones de obras, infraestructuras y servicios públicos en la provincia. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, fue abordada junto a funcionarios del Poder Ejecutivo.
Durante la reunión, el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Esteban Vitor, y el coordinador del área, Leonel Rodríguez, explicaron los cambios incorporados al texto original y los alcances de la propuesta. Rodríguez, quien participó en la redacción del proyecto, sostuvo que el contexto económico requiere herramientas que permitan sumar al sector privado en determinadas actividades del Estado.
En ese sentido, buscó despejar cuestionamientos sobre una eventual privatización de servicios esenciales. “No es la intención del gobierno privatizar todo”, afirmó. También remarcó que el régimen de concesiones no tuvo una aplicación tradicional en Entre Ríos y aclaró: “No vamos a concesionar la salud pública, no es el fin, sino que es una herramienta más”. Según explicó, su utilización dependerá de que existan inversores interesados en participar.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Juan Conti (Más para Entre Ríos), puso el foco en la necesidad de precisar hasta dónde pueden llegar las concesiones y qué aspectos deben quedar bajo resguardo del Estado. “La transferencia de la titularidad es el tema. Tenemos que establecer los límites”, planteó durante el intercambio.
De la reunión también participaron los senadores Ramiro Favre (Juntos por Entre Ríos), Gloria Cozzi (Juntos por Entre Ríos) y Nancy Miranda (Frente Cimarrón). El debate continuará en comisión para evaluar el alcance de las modificaciones y las garantías institucionales que deberá contemplar la norma.
UPCN realizó este miércoles su aporte al debate
El tratamiento del expediente N° 29.302 tuvo una nueva instancia este miércoles desde las 9, cuando la Comisión de Obras Públicas retomó el análisis de la iniciativa.
En esta oportunidad, fue convocado el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Entre Ríos, José Ángel Allende. La postura sindical fue presentada finalmente por la dirigente Maricel Molina, quien afirmó que la modificación "no es una corrección técnica, sino que es dar vuelta la regla". Según explicó, la normativa vigente impide concesionar determinadas funciones estatales vinculadas con derechos fundamentales.
"Hoy la ley 11.280 dice que salud, educación, seguridad y el servicio penitenciario no se concesionan nunca. Y para nosotros eso está bien, porque no estamos hablando de servicios, sino de derechos y garantías constitucionales", sostuvo Molina ante los legisladores.
La reforma permitiría concesionar esas funciones siempre que la titularidad y las potestades de regulación y fiscalización permanezcan bajo responsabilidad del Estado. Sin embargo, desde UPCN consideraron insuficiente esa condición.
"Eso es una redundancia porque en todas las concesiones el Estado conserva la titularidad del derecho", señaló la dirigente. Y agregó: "Acá lo que estamos concesionando es la gestión. Eso implica, entre otras cosas, concesionar los derechos de los entrerrianos, entre ellos los empleados públicos".
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la duración de las concesiones y la posibilidad de que determinadas decisiones se adopten sin intervención de la Legislatura provincial.
La dirigente insistió en la necesidad de diferenciar los servicios de los derechos constitucionales antes de avanzar con la reforma. Finalmente, solicitó que se informen las implicancias técnicas, legales y económicas del proyecto y que exista un debate legislativo amplio. "Dejamos planteadas estas cuestiones, que tienen que contestar porque necesitamos respuestas", concluyó.
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