El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos, la normativa sancionada en 2021 que obligó a incorporar los conocidos octógonos negros en envases de productos con exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías. La iniciativa forma parte del paquete de desregulación impulsado por la gestión de Javier Milei y se suma al avance parlamentario de la denominada “Ley Hojarasca”.
26 de mayo de 2026
El proyecto fue presentado por legisladores del PRO y La Libertad Avanza, mientras que el Poder Ejecutivo también envió una propuesta propia al Senado con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
La actual Ley de Etiquetado Frontal, oficialmente denominada Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, establece que los alimentos y bebidas analcohólicas con exceso de nutrientes críticos deben exhibir sellos de advertencia visibles en sus envases. Además, limita la publicidad orientada a menores y regula promociones vinculadas a estos productos.
Desde el oficialismo sostienen que, tras más de cuatro años de aplicación, la norma “no cumplió sus objetivos” y generó problemas técnicos y comerciales. Según los fundamentos del proyecto, el sistema actual provoca “confusión en el consumidor”, desalienta la reformulación de productos y dificulta el comercio dentro del Mercosur.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al modelo utilizado por Argentina para definir los sellos de advertencia. El Gobierno asegura que el esquema local utiliza “umbrales móviles”, basados en la relación entre nutrientes y calorías totales del producto, mientras que otros países del Mercosur utilizan “umbrales fijos”, medidos por cantidad absoluta de azúcar, sodio o grasa cada 100 gramos.
Sin embargo, la propuesta abrió una fuerte reacción de organizaciones científicas, asociaciones médicas, nutricionistas y entidades vinculadas a la salud pública, que consideran que eliminar los octógonos negros sería “un retroceso” en materia de derechos del consumidor y prevención de enfermedades alimentarias.
Distintas organizaciones académicas y de la sociedad civil difundieron en las últimas horas un documento conjunto reclamando al Congreso que rechace la derogación. Entre los argumentos, sostienen que el etiquetado frontal permite identificar rápidamente alimentos ultraprocesados y ayuda a tomar decisiones de consumo más informadas.
La nutricionista Andrea Graciano, referente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, cuestionó el proyecto oficial y respaldó públicamente la continuidad de la ley. Según explicó, existe evidencia científica internacional que muestra que los sistemas de advertencia frontal ayudan a reducir el consumo de productos con exceso de azúcar, sodio y grasas.
También desde asociaciones de consumidores remarcaron que la norma obligó a muchas empresas a reformular productos para reducir componentes críticos y mejorar sus perfiles nutricionales. Otros especialistas advierten que quitar los sellos podría afectar especialmente a niños y adolescentes, uno de los sectores más expuestos al consumo de alimentos ultraprocesados.
En redes sociales y foros online aparecieron posturas divididas. Algunos usuarios consideran que los octógonos simplificaron la lectura nutricional y permitieron comparar productos más fácilmente, mientras otros creen que el sistema fue excesivo o poco claro.
La discusión continuará en el Congreso nacional, donde el oficialismo buscará sumar respaldo para avanzar con la derogación o modificación profunda de una de las leyes alimentarias más debatidas de los últimos años.
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