La Justicia ordenó este martes la detención de dos ex autoridades de la ANMAT en el marco de la causa por el fentanilo contaminado que ya provocó 90 muertes en el país. Los investigadores sostienen que conocían las graves irregularidades detectadas en los laboratorios involucrados y no adoptaron medidas para impedir que el medicamento siguiera distribuyéndose. Los chats que las comprometen.
6 de agosto de 2026
La causa por el fentanilo contaminado, considerada uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia reciente del país, dio un nuevo giro con la detención de dos ex funcionarias que ocupaban cargos clave en los organismos encargados de controlar la producción de medicamentos.
Por pedido de la fiscal federal María Laura Roteta y con la intervención del juez federal Ernesto Kreplak, fueron detenidas el martes Nélida Agustina Bisio, ex administradora nacional de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismo que depende de la ANMAT. Ambas están acusadas de haber omitido controles y decisiones que podrían haber evitado la distribución de partidas contaminadas de fentanilo.
Los chats y documentos que las complicaron
La decisión judicial se apoyó en una serie de pruebas reunidas durante los últimos meses, entre ellas conversaciones, expedientes internos e informes técnicos que, según la fiscalía, muestran que las funcionarias conocían desde fines de 2024 las graves deficiencias detectadas en Laboratorios Ramallo, productor del fármaco comercializado por HLB Pharma.
La investigación sostiene que una inspección realizada entre noviembre y diciembre de 2024 había detectado incumplimientos severos en las normas de fabricación. Pese a ello, las medidas preventivas se demoraron y la advertencia formal recién fue emitida el 10 de febrero de 2025, cuando ya se había registrado la primera muerte vinculada al medicamento. El retiro de las partidas del mercado recién se concretó el 8 de mayo.
Según la hipótesis de la fiscalía, esa demora permitió que unas 210.000 ampollas de fentanilo fueran distribuidas a hospitales y centros de salud de distintos puntos del país.
La acusación: una posible red de protección
Para los investigadores, las irregularidades no fueron hechos aislados. La fiscal sostiene que existió un "manto de cobertura estatal" que permitió que HLB Pharma y Laboratorios Ramallo continuaran operando pese a registrar reiteradas observaciones por incumplimientos en las buenas prácticas de fabricación.
Las exfuncionarias están imputadas por delitos contra la salud pública relacionados con el presunto envenenamiento, adulteración o falsificación de sustancias medicinales, figuras que prevén penas de hasta 25 años de prisión y que podrían agravarse si la Justicia incorpora el delito de homicidio en función del avance de la investigación.
Una causa que sigue creciendo
La investigación ya había derivado en el procesamiento de directivos, responsables técnicos y propietarios de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Con las detenciones de las ex autoridades de la ANMAT, la causa ahora también pone el foco en el papel que habrían tenido los organismos estatales encargados de fiscalizar la producción de medicamentos.
Hasta el momento, la Justicia atribuye al fentanilo contaminado la muerte de 90 personas y lesiones de distinta gravedad en otras 42, aunque no descarta que el número de víctimas pueda aumentar a medida que avance la investigación.
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