La administración de Javier Milei acordó suspender de manera transitoria el decreto que desregulaba el servicio de practicaje y pilotaje en los puertos argentinos. A cambio, los prácticos aceptaron reducir un 20% sus tarifas y retomar de inmediato la actividad, poniendo fin a un conflicto que mantenía paralizados los principales puertos del país y amenazaba con afectar las exportaciones y el abastecimiento de combustibles.
4 de agosto de 2026
La decisión se conoció este martes, apenas un día después del inicio del cese de actividades de los prácticos, profesionales encargados de asistir a los grandes buques en las maniobras de ingreso y salida de los puertos. La medida había dejado inmovilizados decenas de barcos en distintas terminales del país y generado preocupación en los sectores agroexportador y energético.
El entendimiento contempla la suspensión del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, y la conformación de una mesa de trabajo para negociar una solución definitiva sobre el funcionamiento de la actividad.
Como parte del acuerdo, los prácticos aceptaron una reducción del 20% en las tarifas del servicio y anunciaron el levantamiento inmediato de la medida de fuerza. Desde la Cámara de Practicaje y Pilotaje confirmaron que los profesionales comenzaron a retomar sus tareas y que el movimiento de los buques se normalizará de manera progresiva durante las próximas horas.
El presidente de la entidad, John Ryan, destacó la intervención de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en las negociaciones y aseguró que "la situación está resuelta". También informó que más de 400 prácticos participaron de una reunión virtual en la que se comunicó el acuerdo alcanzado con el Gobierno.
Un conflicto que puso en jaque al comercio exterior
El paro había generado un fuerte impacto sobre la logística nacional. La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) advirtieron que más de 45 buques permanecían detenidos y que esa cifra aumentaba a razón de unos 30 barcos por día.
Las entidades calcularon que cada embarcación inmovilizada generaba costos adicionales de entre 50.000 y 100.000 dólares diarios por demoras, penalidades contractuales y gastos operativos. La situación era especialmente delicada en el Gran Rosario y el corredor San Lorenzo-Timbúes, desde donde se despacha la mayor parte de las exportaciones agroindustriales argentinas.
El conflicto también alcanzó al sector energético, ya que la falta de prácticos dificultaba las operaciones en terminales utilizadas para el ingreso de combustibles y el transporte de petróleo.
Qué buscaba la desregulación
El decreto impulsado por Sturzenegger proponía modificar un régimen vigente desde 1991 para facilitar el ingreso de nuevos operadores, reducir costos y aumentar la competencia en el servicio de practicaje y pilotaje.
Según el Gobierno, el sistema argentino presentaba valores muy superiores a los de otros países. Como ejemplo, sostuvo que un buque tipo Panamax abonaba entre 9.300 y 16.900 dólares por el servicio en Argentina, mientras que en otros puertos internacionales el costo oscilaba entre 1.500 y 4.700 dólares.
Tras el acuerdo alcanzado este martes, el decreto quedó suspendido de manera provisoria mientras el Gobierno y los representantes del sector intentan consensuar un nuevo esquema que permita reducir los costos sin afectar la seguridad de la navegación ni la operatoria portuaria.
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