Más de 150 buques permanecen demorados tras la desregulación del servicio dispuesta por el Gobierno nacional. Exportadores, petroleras y autoridades buscan destrabar la crisis.
4 de agosto de 2026
Los principales puertos argentinos se encuentran prácticamente paralizados tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno desreguló integralmente el servicio de practicaje y pilotaje. La medida mantiene a más de 150 buques frenados a la espera de operar, afectando gravemente al comercio exterior y al abastecimiento de combustibles.
El conflicto escaló el 1° de agosto, cuando los prácticos —profesionales clave que guían las maniobras de ingreso y salida en los puertos— discontinuaron el servicio alegando "falta de disponibilidad", en rechazo a la reforma impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Las claves del Decreto 690/2026
La normativa modifica el régimen vigente desde 1991 para abrir el mercado a la competencia. Sus puntos centrales incluyen la eliminación del registro cerrado para profesionales, la fijación de tarifas máximas, la liberación del transporte de embarque/desembarque y la habilitación temporal a capitanes extranjeros con certificado de zona para maniobrar sin contratar un práctico.
Desde el Ejecutivo argumentan que el practicaje de un buque Panamax en el Río de la Plata y Buenos Aires ronda los 17.000 dólares, un costo que consideran desmedido respecto a puertos de Estados Unidos o Europa.
Sectores bajo alerta máxima
Desde la agroindustria, CIARA y CEC (que representan el 80% de las exportaciones del sector) advirtieron la parálisis de los embarques y negocian contra reloj con la Asociación Mutual de Prácticos (AMPIN) y la Prefectura.
En el sector energético, la Cámara Argentina de Energía (CADE) alertó que el freno impacta en terminales clave como Campana, Dock Sud, Bahía Blanca, San Lorenzo y Caleta Córdova, comprometiendo la distribución de petróleo y combustibles.
Intimaciones y denuncias
Ante la parálisis, la Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar formalmente a los prácticos para que retomen el servicio, recordándoles que se trata de un servicio público y advirtiendo sobre posibles sumarios y denuncias penales.
Aunque el decreto permite habilitar temporalmente a capitanes certificados, especialistas señalan que no es una solución viable a corto plazo para buques petroleros o de gran porte, que requieren un altísimo nivel de especialización. Mientras siguen las gestiones, la logística del país permanece en jaque.
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