La obra protege más de 40.000 hectáreas de una estancia vinculada al fallecido empresario Pedro Pou, pero altera el curso natural del arroyo y perjudica a campos vecinos en el departamento Gualeguay. El Gobierno provincial exigirá el cumplimiento de la Ley de Aguas, luego de constatar que los propietarios desoyeron las disposiciones del organismo de control.
2 de noviembre de 2026
El Estado entrerriano avanzará con intimaciones para que se cumpla la Ley de Aguas N° 9172 ante la construcción de un terraplén que interrumpe el curso del arroyo Viraguay, en el departamento Gualeguay. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, constató las irregularidades durante un sobrevuelo de la zona ubicada frente a Puerto Ruiz, cerca de la confluencia de los ríos Gualeguay y Paraná Ibicuy.
La estructura rodea una superficie de más de 40.000 hectáreas pertenecientes a Estancias del Ibicuy, firma cuyo referente fue el ex presidente del Banco Central, Pedro Pou. Si bien la obra protege esos campos frente a posibles inundaciones, modifica el escurrimiento natural del agua y traslada sus consecuencias a establecimientos rurales vecinos. Según la información oficial, el impacto alcanza a más de 100.000 hectáreas de la zona.
El caso ya cuenta con intervenciones del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), autoridad encargada de aplicar la normativa provincial sobre los recursos hídricos. Entre las medidas dispuestas por el organismo figura la realización de "cortes en la estructura que permitan el flujo normal del arroyo Viraguay". Sin embargo, los propietarios habrían incumplido de manera sistemática esas disposiciones.
La Ley de Aguas N° 9172 establece las reglas para el uso, aprovechamiento y conservación de las aguas superficiales y subterráneas, además de regular las obras hidráulicas con fines productivos. El Corufa tiene a su cargo la planificación, protección y fiscalización de esos recursos, con facultades para ejercer el poder de policía.
La situación adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del río Gualeguay. La interrupción del arroyo puede agravar los problemas de escurrimiento y aumentar los perjuicios sobre los establecimientos rurales de la zona. La intimación estatal buscará que los responsables adecuen la obra a las disposiciones vigentes y restablezcan la circulación del agua.
Un conflicto con más de dos décadas de antecedentes
La disputa legal en torno a este terraplén se remonta a 2003, cuando productores vecinos denunciaron a Pou, por consolidar este muro hidráulico para resguardar su ganado. A pesar de que en 2004 el Corufa ordenó la destrucción parcial de la estructura mediante cortes de escurrimiento, y de que en 2019 los herederos del economista —fallecido en 2013— firmaron un acuerdo de mitigación con los damnificados, la firma familiar Estancias Unidas del Ibicuy SA ha eludido sistemáticamente las normativas ambientales durante más de veinte años, lo que derivó en la actual intervención de la Fiscalía de Estado.
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