El sector empresario respaldó el proyecto del Gobierno provincial para modificar el Código Procesal Laboral, con el argumento de que una justicia más previsible puede favorecer las inversiones y la generación de empleo. La Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio, el Consejo Empresario y la Unión Industrial de Entre Ríos destacaron los cambios en las pericias médicas y las condiciones para apelar sentencias, aunque también reclamaron garantías para proteger el cobro de los créditos laborales.
16 de octubre de 2026
Las cuatro entidades expresaron su apoyo a la iniciativa del Poder Ejecutivo en un documento conjunto, en el que plantearon que la provincia necesita reglas judiciales claras para que las empresas puedan producir, invertir y contratar personal. El proyecto comenzó a analizarse en comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
“Entre Ríos necesita condiciones que permitan a sus empresas producir, invertir y generar empleo. Para ello, resulta fundamental contar con procedimientos judiciales que brinden respuestas oportunas, criterios claros y seguridad jurídica”, sostuvieron.
Uno de los puntos que valoraron fue la creación de un cuerpo de profesionales médicos especializados dentro del Poder Judicial, seleccionados por concurso y con remuneración fija. También respaldaron que los honorarios de los peritos dejen de depender del monto del litigio o del grado de incapacidad determinado. Según las entidades, estos cambios pueden fortalecer la independencia de las evaluaciones y la confianza en las pruebas técnicas que se utilizan en los juicios.
Otro aspecto central del respaldo empresario es la eliminación de la obligación de garantizar previamente la totalidad de una condena para acceder a su revisión judicial. Las organizaciones consideraron que esa exigencia puede representar un obstáculo importante para las pequeñas y medianas empresas, cuya capacidad financiera podría quedar comprometida antes de que se revise el fallo.
Sin embargo, advirtieron que esa modificación debe acompañarse de mecanismos que protejan el pago de las indemnizaciones y otros créditos laborales. “El derecho de defensa y la tutela del trabajador deben encontrar una respuesta adecuada dentro del mismo sistema judicial”, señalaron.
Las entidades fundamentaron su posición en la necesidad de compatibilizar la protección de los trabajadores con la continuidad de las empresas y su capacidad para generar puestos de trabajo. “La protección de los derechos laborales y la sostenibilidad de las empresas son objetivos que deben avanzar juntos”, afirmaron.
▶ Mapa de tránsito 
