El recupero de activos de la corrupción alcanza dos inmuebles, tres vehículos y equipos informáticos y de impresión que pertenecieron a Tep SRL, una de las empresas de Juan Pablo Aguilera. Los galpones de Paraná quedarán en manos del Poder Judicial, los vehículos serán destinados a la Policía de Entre Ríos y los equipos tecnológicos irán al sistema educativo.
15 de septiembre de 2026
La medida forma parte de la ejecución de la condena contra el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez. Los tres se encuentran detenidos luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los últimos recursos de las defensas y dejara firmes las penas dictadas en 2022 por el Tribunal de Juicio de Entre Ríos.
La orden de decomiso fue emitida la semana pasada desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial y remitida a la Fiscalía de Estado. El listado surge del punto XXII de la sentencia del 7 de abril de 2022, correspondiente a la denominada causa de las “imprentas” o “causa de la vaca”.
Entre los bienes figuran dos inmuebles ubicados sobre calle Racedo al 400 de Paraná, además de una motocicleta Zanella ZB 100, una Ford F4000D y una Citroën Berlingo Furgón. También se incluyeron computadoras, procesadores, equipos informáticos y un plotter de impresión que formaron parte de la estructura de Tep SRL.
Según estableció el tribunal en aquella sentencia, los inmuebles serán destinados al Poder Judicial, mientras que los vehículos quedarán para la Policía de Entre Ríos. Los elementos informáticos y tecnológicos tendrán como destino el Consejo General de Educación (CGE), que deberá asignarlos a instituciones educativas. En el caso del plotter, que actualmente se encuentra en el domicilio de Luciana Almada, expareja de Aguilera, deberá ser entregado a quien designe la Fiscalía de Estado.
El origen de los bienes
Durante el megajuicio desarrollado entre 2021 y 2022, que reunió cinco investigaciones por corrupción, la Justicia analizó el crecimiento de las empresas de Aguilera y sus contrataciones con el gobierno provincial durante la gestión de Urribarri. Según se expuso en el debate, Tep SRL fue montada al calor de esa relación de poder y Aguilera accedió a un crédito del Banco Entre Ríos con tasas preferenciales para instalar la empresa y adquirir maquinaria.
La sentencia también señaló que agentes públicos realizaban tareas para las imprentas mientras cobraban sus salarios del Estado y que, en algunos casos, las empresas percibieron contratos oficiales sin cumplir los servicios abonados. El decomiso dispuesto ahora constituye una de las consecuencias patrimoniales de aquella condena.
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