Ceuta es un polvorín y complica a Sánchez a meses de las elecciones en España

Ceuta, la ciudad española de 80.000 habitantes en el norte de África, vive días de máxima tensión y es definida por testimonios locales como "un polvorín" a punto de estallar, mientras el gobierno de Pedro Sánchez intenta contener una crisis que ya condiciona el calendario electoral en España.

La crisis comenzó el pasado 30 de julio con la entrada irregular de más de 80.000 personas desde Marruecos. Según cifras oficiales, aún permanecen en el enclave unos 2.900 menores, la mayoría en centros de acogida improvisados, y otras 6.000 personas que duermen en playas y espacios al aire libre con asistencia limitada de Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias.

En los últimos días se registraron manifestaciones exigiendo la expulsión de los migrantes y, el jueves, un grupo de vecinos asaltó un campamento y quemó varias tiendas.

El laberinto de Sánchez

La gestión del Ejecutivo quedó en el centro de las críticas, tanto de la oposición -PP y Vox- como del gobierno local, que se vio ampliamente superado desde el comienzo. El gobierno central esperó casi un mes para reunir al Consejo de Seguridad Nacional y crear un mando único, mientras Sánchez tomaba sus vacaciones de verano como de costumbre.

Actualmente, el menú de opciones es complejo. La ley española impide una expulsión masiva antes de resolver las peticiones de asilo y obliga a acoger a los menores no acompañados hasta su mayoría de edad. Además, el número es tan elevado y la voluntad de quedarse tan firme que una expulsión inmediata implicaría un uso contundente de la fuerza, la salida que sugieren el PP y sobre todo VOX.

Varias comunidades gobernadas por PP y VOX ya declararon que se negarán a recibir incluso a los menores, una postura que choca con la del presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, que exige solidaridad en el reparto y lidia como puede, con una crisis que lo excede ampliamente.

La otra opción, permitir su entrada a la Península y por lo tanto al espacio Schengen, generaría un rechazo unánime en capitales europeas, como ya ocurrió con Italia en los primeros días de la crisis.

La crisis expuso además, fisuras en el gobierno. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró en el Parlamento que el CNI advirtió dos veces al Ministerio del Interior, al gobierno de Ceuta y a la delegación del gobierno de que circulaba en redes una convocatoria para forzar la entrada masiva. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó haber recibido advertencias.

En menos de una semana está previsto que siete ministros comparezcan en el Congreso para dar explicaciones, antes de que lo haga el propio Sánchez el próximo jueves.

Otro punto controvertido es el rol de Marruecos. Aunque hay testimonios sobre la inacción de la policía marroquí en la frontera y Rabat ya usó en el pasado la migración como palanca de presión, el gobierno español atribuyó toda la responsabilidad a "las mafias".

"No hay ninguna evidencia de que Marruecos haya impulsado la entrada masiva de migrantes", afirmó el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien calificó de "falta de respeto" al país magrebí, insinuar lo contrario sin pruebas. La posición del PSOE no difiere mucho de la del PP, que evitó acusar públicamente a Rabat, consciente de la necesidad de mantener una buena relación ante un posible cambio de gobierno.

Mientras tanto, el Ejecutivo inició el trámite de reforma de las leyes de asilo y extranjería para adaptarlas a la normativa europea, con un procedimiento acelerado que deberá resolverse en un máximo de tres meses. Llegará tarde para la actual crisis, que amenaza con convertirse en un lastre para un PSOE que encara las generales en su momento más bajo, acechado por casos de corrupción y la falta de apoyo parlamentario.

Qué es el espacio Schengen y por qué se habla tanto de él

El espacio Schengen nació en 1985, cuando cinco países (Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) firmaron un acuerdo para suprimir los controles fronterizos internos. Desde 1995, esta zona de libre circulación se ha ampliado hasta incluir a 29 países, entre ellos 25 Estados miembros de la UE (todos salvo Chipre e Irlanda), así como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Desde el 1 de enero de 2025, Bulgaria y Rumanía también forman parte del espacio tras la eliminación de controles en sus fronteras interiores.

Tras la crisis migratoria en Ceuta, países como Finlandia, Alemania e Italia han sugerido cerrar temporalmente el espacio Schengen con España. Sin embargo, ningún Estado miembro de la UE puede suspender unilateralmente la participación de otro en el espacio Schengen, según la legislación europea. De esta manera, el Código de Fronteras permite a los Estados miembros restablecer los controles fronterizos en determinadas fronteras interiores en circunstancias excepcionales que pongan en riesgo el funcionamiento general, pero sólo puede producirse como último recurso, a propuesta de la Comisión Europea y con la aprobación del Consejo.