Tras admitir su culpabilidad en un juicio abreviado, seis personas fueron condenadas por la defraudación sistemática a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) por una década, un desfalco informático que obligará a los implicados a restituir cerca de 100 millones de pesos. El fallo alcanza a una red de empleados públicos y contadores particulares, y tiene un fuerte impacto político al incluir al entonces Tesorero General de la provincia designado durante la gestión de Sergio Urribarri, todos sancionados con inhabilitación perpetua y multas millonarias.
30 de agosto de 2026
El vocal Alejandro Grippo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones N°6 de Paraná, dictó el pasado 21 de agosto la sentencia contra seis personas que admitieron su participación en una maniobra de defraudación al Estado provincial vinculada con el sistema informático de la entonces Dirección General de Rentas, hoy Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). La causa llegó a juicio abreviado tras un acuerdo entre los imputados, la Fiscalía y el Gobierno de Entre Ríos, que intervino como querellante particular. Los condenados renunciaron a los plazos para recurrir el fallo.
Según pudo determinar la investigación, la maniobra se sostuvo entre 2004 y 2014 y consistía en cargar datos falsos en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para hacer aparecer a personas o empresas como titulares de supuestos créditos contra el Estado. Con esa información, el sistema permitía compensar deudas impositivas reales como si hubieran sido canceladas, aunque la Provincia nunca recibiera el dinero.
El acceso se realizaba mediante un usuario habilitado a nombre de Abelardo Daniel Gaggión, entonces jefe de la División Mesa de Entradas de ATER, mientras que María Estrella Martínez de Yankelevich, jefa del Departamento Despacho, había gestionado los permisos necesarios para operar el sistema. Según la sentencia, ambos excedieron las funciones que tenían asignadas.
Entre los condenados también están Darío Fabián Barreto, agente de planta permanente de ATER, quien actuó en connivencia con Martínez de Yankelevich y Gaggión a cambio de beneficios económicos; y Gustavo Alejandro Gioria, contador y entonces Tesorero General de la Provincia, designado en agosto de 2012 durante el segundo gobierno de Sergio Urribarri.
El Tribunal consideró que Gioria conoció la maniobra y no la frenó. Además, entre agosto de 2012 y mayo de 2014, habría inducido al empresario José Miguel Ditrich a utilizar el mecanismo en favor de Insumos Entre Ríos S.A., que registró al menos 18 compensaciones falsas por un perjuicio fiscal de $2.268.586,15. Completan la nómina los contadores Julio Schmukler y Carlos Raúl Castro, ambos de Concordia, quienes desde sus actividades privadas gestionaban las compensaciones para sus clientes y fueron considerados partícipes necesarios de la defraudación y autores de cohecho activo.
Las penas alcanzaron los tres años de prisión condicional para Martínez de Yankelevich, Gaggión, Barreto y Schmukler; mientras que Gioria recibió dos años y seis meses de prisión condicional. Todos recibieron inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, además de multas que van desde los $10 millones hasta los $30,6 millones. Castro, quien ya tenía una condena por estafa dictada en 2014 por el Tribunal de Concordia, recibió una pena única de tres años de prisión condicional y una multa de $200.000. Schmukler, además, deberá donar $40.000 mensuales durante tres años a una institución de bien público.
La investigación se inició tras una denuncia presentada el 5 de junio de 2014 por el entonces director ejecutivo de ATER, Marcelo Casaretto, y contó con allanamientos, pericias informáticas, informes del Tribunal de Cuentas y la AFIP, documentación bancaria y testimonios. El fallo estableció además la obligación de recuperar cerca de $100 millones vinculados al perjuicio ocasionado al Estado. El caso expone cómo una herramienta informática destinada a facilitar la gestión tributaria fue utilizada durante años para simular pagos y beneficiar a determinados contribuyentes en perjuicio de las arcas provinciales.
▶ Mapa de tránsito 
