El gobernador Rogelio Frigerio anunció un programa integral para la recuperación de las rutas entrerrianas, sostenido sobre una inversión superior a los 12.000 millones de pesos en equipamiento y la obtención de 322,5 millones de dólares mediante financiamiento internacional. La propuesta oficial busca superar un escenario heredado de “desguace, abandono institucional y falta de transparencia” en las contrataciones de la Dirección Provincial de Vialidad.
3 de junio de 2026
El mandatario provincial precisó hoy que en poco más de dos años de gestión se revirtió “una situación crítica” para dar inicio a una etapa de reforma estructural en la infraestructura vial. La iniciativa contempla la intervención del 100 % de la red provincial antes de la finalización del mandato, una meta que incluye los trazados pavimentados y los 25 mil kilómetros de caminos rurales vinculados a la producción. Del encuentro formal, desarrollado este miércoles en la capital entrerriana, participaron también el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, y el director administrador de Vialidad provincial, Exequiel Donda.
Según se informó, la actual administración regularizó los pagos a contratistas saneando una deuda heredada de más de 30 mil millones de pesos, lo que asegura la continuidad de las obras, a la vez que triplicó los oferentes mediante licitaciones competitivas que optimizan el presupuesto. Asimismo, fortaleció la capacidad operativa institucional con una compra histórica de más de 70 maquinarias viales pesadas y reordenó al personal técnico-administrativo para priorizar su presencia en el territorio sobre las oficinas centrales.
Para los trazados que requieren una reconstrucción desde cero, Entre Ríos obtuvo de manera prioritaria el aval soberano del Estado nacional para acceder a créditos a largo plazo y tasas bajas otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
El esquema de incentivos se complementa con decisiones fiscales de impacto directo en la actividad constructora, tales como la eliminación de los impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos para la obra pública, junto con el envío de un proyecto de ley de Compre Provincial que otorga ventajas a las firmas radicadas en la región.
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