Representantes de los cuatro sindicatos del sector educativo compartieron este miércoles por la tarde sus puntos de vista acerca de la reforma previsional que propone el proyecto del Ejecutivo. Lo hicieron ante los senadores que lo están tratando en comisión, a los que pidieron revisar distintos aspectos como el cálculo del haber.
11 de junio de 2026
El Senado entrerriano albergó este miércoles una extensa jornada de debate técnico e institucional en torno al proyecto de ley de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional". Las comisiones conjuntas de Presupuesto y Hacienda, liderada por Gustavo Vergara, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, bajo la conducción de Juan Pablo Cosso, retomaron el análisis por la tarde para escuchar la postura de los trabajadores de la educación. La mesa de trabajo se concentró en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno y contó además con el seguimiento presencial y remoto de diputados provinciales, interesados en la evolución del proyecto de ley.
Previamente por la mañana, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, junto al presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, habían expuesto ante los senadores un informe detallado con los números actuales del organismo previsional, dejando en evidencia la dimensión del déficit financiero que arrastra el sistema público entrerriano.
A partir de las 15:00, las comisiones abrieron el micrófono a los referentes sindicales. El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, centró su exposición en los efectos económicos del nuevo mecanismo propuesto para liquidar los beneficios. El dirigente advirtió -apelando a casos testigo- que la ampliación del período de cálculo del haber, que pasaría de los últimos 10 años vigentes a un promedio de los últimos 20 años, incidiría de forma directa en los ingresos finales de los pasivos.
Según sus estimaciones, esta variación podría provocar que un maestro perciba una tasa de sustitución de entre el 60,1 y el 68 %, lejos del tradicional porcentaje histórico provincial del 82 % móvil. Antivero remarcó la necesidad de cuidar el poder adquisitivo del sector y sumó al análisis, variables vinculadas al desgaste físico, los problemas de salud laboral y las tareas de cuidado no remuneradas, que recaen principalmente sobre las mujeres docentes. En la misma línea, la secretaria adjunta del gremio, Lía Fimpel, señaló que la propuesta limita los márgenes de opción para el retiro efectivo.
Por parte de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Roberto Aguirre consideró oportuno evaluar con mayor detenimiento los tiempos de aplicación de la norma técnica en las escuelas técnicas y agrotécnicas, dadas las exigencias de inserción de sus comunidades. El gremialista planteó que, para fortalecer la recaudación, la vía ideal radica en un incremento genuino de la cantidad de trabajadores activos aportantes dentro del sistema de empleo del Estado provincial.
La Unión Docentes Argentinos (UDA), a través de Yolanda Verbauwede, coincidió en la importancia de adecuar el esquema para cuidar la estabilidad de la Caja de cara a las próximas generaciones, una posición alineada con la sustentabilidad previsional que sostiene el Ejecutivo. No obstante, la referente expuso las complejas realidades cotidianas de planificación pedagógica fuera de las aulas de nivel primario y solicitó buscar herramientas que eviten distorsiones en la movilidad automática del haber.
Finalmente, Diego Secchi, en representación del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), aportó una perspectiva técnica sobre el desarrollo de la carrera en los colegios públicos de gestión privada. Explicó que el escalafón docente es de carácter ascendente y que las remuneraciones más altas se logran recién tras quince o veinte años de regularidad, capacitación permanente y concursos. Bajo ese argumento, consideró que una base de cálculo extendida a 240 meses influye negativamente sobre el esfuerzo realizado en la etapa final de la actividad laboral. El dirigente concluyó que los desafíos financieros del régimen requieren soluciones políticas consensuadas que preserven las conquistas sociales del personal de las escuelas.
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