Tras más de dos años de un severo conflicto que desgastó la relación entre el Poder Ejecutivo y la comunidad académica, el Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas alcanzaron este miércoles un acuerdo económico para destrabar la crisis presupuestaria.
10 de junio de 2026
El acta oficial se terminó de sellar en el Palacio Sarmiento durante una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representantes gremiales, quienes estamparon la firma que formaliza los ajustes.
El acuerdo establece un aumento salarial para el personal docente y no docente del 24,33%, fraccionado en un 21,33% para el mes de junio y un 3% adicional en octubre. Asimismo, el Ministerio de Economía autorizó una partida de 800.000 millones de pesos y asumió el compromiso de convocar a paritarias cada tres meses en lo que resta del año, con el fin de contener el deterioro de los ingresos del sector, que registraban una caída real del 33% y habían provocado la renuncia de unos 10.000 profesores en todo el país.
La recomposición financiera pactada incluye también los siguientes puntos:
Hospitales universitarios: Se asignarán 50.000 millones de pesos extraordinarios para los centros de salud dependientes de las casas de estudio, una cifra que se sumará a los 80.000 millones ya previstos en el presupuesto.
Funcionamiento y becas: Se otorgará un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento edilicio e institucional, y una actualización del 50% para las becas Manuel Belgrano, orientadas a carreras estratégicas, las cuales permanecían congeladas desde 2024. Las becas Progresar, por su parte, quedaron excluidas de este ajuste.
Este desenlace se produce tras dos semanas de intensas negociaciones y pone un freno parcial a un conflicto que incluyó cuatro marchas federales masivas, paros docentes prolongados, tomas de colegios preuniversitarios y la realización de clases públicas frente a la Corte Suprema de Justicia. En el plano legislativo, la disputa sumó seis votaciones en el Congreso y vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario, bajo el argumento oficial de que su aplicación sin partidas especificadas violaba la Ley de Administración Financiera y ponía en riesgo el funcionamiento del Estado.
A pesar del alivio que genera la firma del acta y la reactivación del diálogo, el frente judicializado de la disputa continúa abierto. Las autoridades de las universidades nacionales se negaron a levantar la demanda contra el Estado por la suspensión de la Ley de Financiamiento, un expediente que actualmente se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema tras las apelaciones del Ejecutivo a los fallos de primera y segunda instancia que favorecieron a las casas de estudio.
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