La legisladora de Peronismo Federal criticó a la conducción de su partido por intentar inhabilitar el debate del proyecto jubilatorio y expuso las contradicciones internas del espacio, donde diversos jefes comunales peronistas reconocen abiertamente la crisis financiera del sistema.
20 de junio de 2026
La senadora por el departamento Feliciano, Gladys Domínguez, enfrentó las presiones de la cúpula del Partido Justicialista y sembró cuestionamientos ante la posibilidad de recibir sanciones disciplinarias por participar en las comisiones de la reforma previsional. La legisladora reconoció de forma abierta la problemática económica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones al afirmar que "el déficit existe, y negarlo no nos ayuda ni soluciona nada".
En ese sentido, lamentó la persecución interna y marcó una clara asimetría de criterios dentro del peronismo entrerriano. "Por un lado quieren castigar o expulsar del PJ a legisladores que plantean el debate, mientras hay intendentes peronistas que admiten la quiebra del sistema y proponen una reforma. Ellos la proponen desde afuera y yo, desde adentro, no puedo escuchar, no puedo proponer ni modificar" según ellos, reprochó.
El posicionamiento de la representante del norte provincial puso en relieve las divisiones del movimiento opositor frente al reordenamiento del régimen jubilatorio estatal. Domínguez defendió su perfil dialoguista y su autonomía legislativa, pero fijó un límite al manifestar que no va a acompañar cualquier medida que descargue todo el esfuerzo sobre los trabajadores.
Asimismo, fundamentó su predisposición al diálogo en base a la responsabilidad institucional con las futuras generaciones, para evitar heredar un colapso financiero por especulaciones electorales. "Mi responsabilidad es defender los intereses de todos los entrerrianos y de todos los vecinos de mi departamento, siempre buscando soluciones sostenibles, justas y un equilibrio", enfatizó.
Para finalizar, la senadora apeló a la memoria histórica de la estructura partidaria y recordó que en 2017 los entonces diputados nacionales Juan José Bahillo y Mayda Cresto respaldaron la reforma previsional nacional, durante la gobernación de Gustavo Bordet sin sufrir ningún tipo de represalia ni planteos de expulsión. Con este antecedente sobre la mesa, la legisladora ratificó su voluntad de mantener los canales institucionales abiertos y remarcó la incoherencia de la cúpula actual, de intentar silenciar opiniones diferentes en las cámaras legislativas.
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