El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia tras el colapso de Ueno Bank, la intervención de la entidad por el Banco Central y el inicio de un juicio político en su contra. La crisis dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y derivó en detenciones de directivos y cambios en la conducción del regulador financiero. La sesión especial del Congreso se terminó levantando. Consecuencias en nuestro país.
5 de noviembre de 2026
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, expresó Peña en un mensaje grabado publicado en redes sociales.
Cómo cayó Ueno Bank
Ueno Bank nació como banco en 2023, a partir de la transformación de una entidad financiera vinculada al Grupo Vázquez, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Paraguay. La entidad apostó por un modelo de banca digital, con promociones, reintegros y una expansión acelerada que le permitió reunir alrededor de 2,9 millones de usuarios, cerca de la mitad de la población del país.
La crisis estalló el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio del procedimiento de resolución de la entidad tras constatar que su índice de solvencia había caído al 5,56%, frente al mínimo regulatorio del 12%.
La decisión implicó la suspensión de todas sus operaciones, el cierre de sucursales y el congelamiento de retiros, transferencias y depósitos. Las aplicaciones y tarjetas dejaron de funcionar y unos 2,9 millones de clientes quedaron sin poder acceder normalmente a sus fondos.
Fondos públicos y vínculos con Peña
Uno de los aspectos más sensibles del caso fue la exposición de recursos estatales en la entidad. Según estimaciones difundidas por gremios de asegurados paraguayos, los fondos públicos y previsionales comprometidos en Ueno Bank superaban los US$860 millones, de los cuales alrededor de US$380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS).
Peña había sido accionista de Ueno Holding, sociedad vinculada al banco, hasta 2025, cuando se desprendió de su participación. Ese antecedente se convirtió en uno de los principales argumentos de quienes impulsaron su juicio político, por un presunto conflicto de intereses.
Las advertencias sobre la situación del banco se remontaban a julio, cuando habría circulado dentro del BCP un memorando técnico que alertaba sobre cifras llamativas en los balances de Ueno y posibles inconsistencias en determinadas operaciones. El funcionario que habría elaborado ese informe fue trasladado fuera del organismo de supervisión bancaria poco después.
Detenciones y crisis en el Banco Central
Tras la intervención, la Fiscalía avanzó con una investigación penal que derivó en la detención de ocho directivos vinculados con la entidad. Las autoridades judiciales comenzaron a analizar presuntas irregularidades en la administración del banco y sus operaciones financieras.
El mismo día de la intervención, el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, presentó su renuncia a pedido de Peña. Carvallo había encabezado la Financiera Ueno antes de asumir al frente de la entidad oficial en 2023.
Juicio político y renuncia
Este miércoles, 35 diputados presentaron un proyecto para iniciar un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, por un presunto mal desempeño de sus funciones. Entre los argumentos se destacaron el posible conflicto de intereses por la antigua participación accionaria de Peña en Ueno Holding y la colocación de recursos públicos en el banco durante su presidencia.
El Congreso también aprobó una modificación de la legislación sobre garantía de depósitos que permite adelantar pagos a los ahorristas afectados por hasta 40 salarios mínimos.
La crisis llegó a su desenlace este jueves, cuando la Cámara de Diputados comenzó a tratar el pedido de juicio político. La situación de Peña se volvió especialmente delicada después de que Horacio Cartes, su mentor político, expresidente y principal referente del Partido Colorado, anunciara su apoyo al procedimiento.
En ese contexto, Peña anunció su renuncia, aunque no admitió responsabilidades personales en la crisis bancaria.
Se levantó la sesión
Si se aceptaba la renuncia de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana asumía de inmediato para completar el mandato presidencial hasta 2028. Pero el Congreso paraguayo levantó este jueves por la tarde por falta de quorum la sesión extraordinaria bicameral destinada a evaluar la aceptación o rechazo de la renuncia del presidente, Santiago Peña, en medio de una crisis bancaria y protestas.
Tras dos horas de debate, la mayoría de los diputados se retiró del recinto mientras se realizaba la votación y dejó al Congreso sin la cantidad mínima para avanzar con la sesión. Peña sigue siendo el presidente hasta que se resuelva su situación, señalaron un constitucionalista a la agencia AFP y legisladores a la prensa local.
La renuncia de todas maneras no resuelve los interrogantes que dieron origen al escándalo. La Justicia continúa investigando las operaciones de Ueno Bank, mientras las autoridades financieras deben determinar cómo se atenderán las obligaciones con los depositantes y qué ocurrirá con los recursos de los organismos públicos.
La calificadora Moody’s advirtió que la crisis representa un acontecimiento crediticio negativo para el sistema financiero paraguayo, aunque consideró que sus consecuencias podrían resultar manejables si el procedimiento de resolución se desarrolla de manera ordenada.
Consecuencias en la Argentina
La crisis de Ueno Bank ya comenzó a tener efectos directos en la Argentina. Itti, la empresa tecnológica del Grupo Vázquez que desarrollaba sistemas para el banco y emplea a unos 940 trabajadores en el país, suspendió a parte de su personal por 30 días sin goce de sueldo y reconoció que aún no cuenta con los fondos necesarios para pagar los salarios de octubre ni garantizados para noviembre.
El impacto también se percibe en el comercio fronterizo del Noreste Argentino, especialmente en Posadas-Encarnación y en el paso Clorinda-Puerto José Falcón. La interrupción de las plataformas electrónicas, tarjetas y transferencias del banco complicó operaciones cotidianas de compra, cobro de ventas y pagos a proveedores, en una zona donde la entidad habría procesado una porción importante de las transacciones electrónicas de las multitiendas fronterizas.
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