La investigación sobre el patrimonio del exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet sumó un nuevo capítulo en los Tribunales de Concordia. El fiscal José Arias expuso audios y mensajes que, según su interpretación, revelarían filtraciones de información reservada desde la propia Fiscalía hacia personas investigadas. Por su parte Norberto Flores, señalado como hombre de confianza del exmandatario, declaró por una denuncia de presuntas coacciones contra el fiscal y negó haberse sentido intimidado.
13 de octubre de 2026
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Gustavo Bordet y su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila, atraviesa un nuevo foco de tensión judicial y política en Concordia. A la investigación sobre el patrimonio del exmandatario se sumaron denuncias vinculadas con la presunta filtración de información confidencial y acusaciones cruzadas entre el fiscal José Arias y la defensa del matrimonio, encabezada por Jorge Romero.
Uno de los episodios centrales ocurrió durante la audiencia del 5 de octubre, convocada a raíz de un nuevo pedido de recusación de Arias. Mientras Romero acusó al fiscal de haber presionado a Norberto Flores para obtener información sobre el patrimonio de Bordet, Arias presentó registros audiovisuales y conversaciones extraídas de teléfonos secuestrados durante la investigación. Según sostuvo, esos elementos apuntarían a filtraciones de información reservada desde el interior de la Fiscalía hacia personas vinculadas con el expediente.
Los audios que expusieron una presunta filtración interna
Entre las pruebas que presentó Arias figuran audios y mensajes atribuidos a Giuliana Flores, hija de Norberto Flores, quien se desempeñaba en la Unidad Fiscal de Concordia. Según lo expuesto por el fiscal, la empleada habría comunicado a su padre y a su hermano Germán detalles de documentación vinculada con la investigación, incluidos datos sobre medidas judiciales.
En uno de los intercambios reproducidos durante la audiencia, Giuliana explicó que había detectado información relacionada con Salvador Carubia en una documentación presentada ante la Fiscalía y que se la había comunicado a su hermano. En otro tramo, ante una advertencia de su padre sobre el uso del teléfono, respondió que borraba los mensajes.
Arias afirmó que parte de la información reservada habría llegado luego al teléfono de Bordet a través de Norberto Flores. Para describir el papel que, a su entender, habría cumplido la empleada, el fiscal utilizó una expresión contundente: “La filtración de información no proviene del fiscal sino de un caballo de Troya de Bordet y Flores en fiscalía”.
La situación derivó en una denuncia penal contra Giuliana Flores por el presunto delito de violación de secretos de funcionario público. Además, medios periodísticos informaron que la empleada fue desvinculada de su cargo. Las responsabilidades penales que pudieran corresponder deberán determinarse en el marco de las actuaciones judiciales.
Flores declaró y negó haber sido coaccionado
En paralelo, el viernes 9 de octubre, Norberto Flores compareció ante el fiscal Martín Núñez en una causa por presuntas coacciones, abierta a partir de las acusaciones que Romero formuló contra Arias durante la audiencia del lunes anterior.
El abogado había presentado una declaración privada en la que Flores supuestamente relataba que, después de una audiencia judicial del 24 de agosto, Arias lo había convocado a su despacho y le habría ofrecido protección para él y su hijo Germán a cambio de información sobre el patrimonio de Bordet. Según esa versión, el fiscal también habría mencionado presuntos bolsos con dinero y sociedades en el exterior.
Sin embargo, de acuerdo con lo que trascendió de la declaración ante Núñez, Flores dio otra interpretación al encuentro. Habría aclarado que fue él quien propició la reunión y que Arias le preguntó por las tareas que realizaba, sin solicitarle información para incriminar al exgobernador. También habría asegurado que nunca se sintió intimidado ni coaccionado.
El relato también quedó atravesado por la discusión sobre las cámaras de seguridad de los Tribunales. Durante la audiencia del 5 de octubre, Arias exhibió imágenes del 24 de agosto que, según sostuvo, contradicen la versión del encuentro en los términos expuestos por Romero. El abogado cuestionó el alcance de esos registros y planteó que la reunión podía haber ocurrido al día siguiente. El fiscal respondió que la audiencia de recusación mencionada como referencia tuvo lugar el 24 de agosto.
Los vínculos investigados y el patrimonio de Bordet
Norberto Flores y su hijo Germán Ezequiel están vinculados a la investigación patrimonial que conduce Arias. También aparece en el expediente el comerciante Salvador Carubia, a quien la Fiscalía señala como presunto testaferro de Bordet o como una persona que habría aportado dádivas para acceder a contratos con el Estado provincial. Esas hipótesis forman parte de la investigación y no equivalen a una condena.
Flores acompañó a Bordet desde su etapa como intendente de Concordia y, durante el último tramo de su gestión como gobernador, pasó a planta permanente de la administración provincial. Su designación fue revocada después del cambio de gobierno, tras una revisión que la consideró irregular. Actualmente, figura en la web de la Cámara de Diputados de Entre Ríos como contratado de Mariel Ávila.
La investigación incluyó allanamientos en propiedades y negocios vinculados con personas bajo sospecha, así como en inmuebles relacionados con el exgobernador y su entorno familiar. En esos procedimientos se secuestraron teléfonos, dispositivos informáticos y documentación, algunos de cuyos contenidos fueron incorporados a las actuaciones.
Bordet, por su parte, cuestionó públicamente los allanamientos y sostuvo que las medidas tuvieron un carácter desproporcionado. Su defensa también pidió el apartamiento de Arias al considerar que no reúne las condiciones de objetividad necesarias para continuar al frente del expediente.
La declaración de Flores suma un nuevo elemento a la controversia, pero no resuelve por sí misma las acusaciones cruzadas. Mientras se tramitan las actuaciones por las presuntas filtraciones y coacciones, la investigación principal deberá establecer si existe una justificación patrimonial para los bienes examinados y qué responsabilidad le corresponde a cada una de las personas involucradas.
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