El Parlamento cubano puso en marcha un paquete de reformas que amplía la participación privada en sectores históricamente reservados al Estado, como estaciones de servicio, farmacias, puertos y geriátricos. La medida forma parte de la mayor transformación económica impulsada por la isla en décadas para enfrentar una profunda crisis.
29 de julio de 2026
El Gobierno de Cuba comenzó a implementar una serie de reformas que amplían de manera significativa el espacio para la actividad privada en la economía, en un giro considerado histórico para un país que durante más de seis décadas mantuvo bajo control estatal la mayor parte de los sectores productivos y de servicios.
Las nuevas normas fueron aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) como parte de un paquete de 176 reformas económicas y sociales que busca modernizar el modelo económico cubano, atraer inversiones y dar respuesta a la crisis que atraviesa la isla.
Entre los cambios más relevantes figura la autorización para que empresas privadas participen en actividades como la administración de estaciones de servicio, farmacias, ópticas, residencias para adultos mayores, terminales de pasajeros y cargas, instalaciones portuarias e incluso proyectos vinculados con la energía, el petróleo y la minería bajo determinadas condiciones. También se habilita una mayor presencia del capital privado en el sistema financiero, incluida la creación de bancos privados.
Un giro para enfrentar la crisis
Las reformas llegan en uno de los momentos económicos más delicados de Cuba desde el denominado "Período Especial" de la década de 1990. El país atraviesa una profunda crisis caracterizada por una fuerte caída de la producción, escasez de alimentos y combustibles, inflación, dificultades para acceder a divisas y una crisis energética que provoca apagones diarios en buena parte del territorio. A ello se suman las restricciones derivadas del embargo estadounidense y la falta de inversiones durante años.
En ese contexto, el presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero sostienen que las reformas son necesarias para "actualizar" el modelo económico sin abandonar el sistema socialista, otorgando mayor autonomía a empresas estatales, provincias, municipios y nuevos actores privados.
Más espacio para emprendedores e inversores
El programa también apunta a facilitar la inversión extranjera, especialmente de cubanos residentes en el exterior, ampliar la participación del sector privado en el turismo, descentralizar decisiones económicas y dinamizar actividades como la agricultura, el comercio exterior y el mercado inmobiliario.
Las autoridades informaron que actualmente funcionan más de 15.000 pequeñas y medianas empresas privadas, una figura habilitada recién en 2021 y que desde entonces experimentó un rápido crecimiento. Las nuevas regulaciones buscan ampliar todavía más ese universo de emprendimientos.
Entre otras medidas, las cooperativas agropecuarias podrán realizar comercio exterior, acceder a financiamiento internacional y administrar cuentas bancarias en el exterior. Además, se ampliará la superficie de tierras estatales que pueden entregarse en usufructo para incrementar la producción de alimentos.
Cambios en vivienda, empleo y Estado
El paquete de reformas también contempla modificaciones en otras áreas sensibles.
En materia de vivienda, se flexibilizan las normas de propiedad y se incrementa la participación del sector privado en la construcción, en un intento por reducir un déficit habitacional superior a las 800.000 viviendas.
En el plano laboral, el nuevo Código del Trabajo incorpora conceptos como la desconexión digital, el teletrabajo y el pluriempleo, aunque mantiene el control estatal sobre la fijación de salarios y no incorpora el derecho a huelga. Paralelamente, el Gobierno impulsa una reducción de la estructura administrativa mediante la fusión de ministerios y organismos públicos con el objetivo de disminuir la burocracia y reducir costos.
Un cambio con interrogantes
Si bien analistas consideran que las reformas representan el mayor proceso de apertura económica impulsado por Cuba en décadas, también advierten que el éxito dependerá de su implementación y de la capacidad para atraer inversiones en un contexto de fuertes restricciones financieras y energéticas.
Por otra parte, las medidas no incluyen cambios en el sistema político ni en la estructura institucional del país, por lo que distintos especialistas consideran que la apertura económica convivirá con el mantenimiento del modelo de partido único que caracteriza a la isla desde la Revolución de 1959.
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