Desde este 5 de septiembre rige la Ley 27.801 que reemplaza al decreto de la dictadura de 1980. Los adolescentes de 14 y 15 años ya pueden ser imputados. No habrá prisión perpetua y el máximo de pena será de 15 años. Detrás de la reforma, muchos casos impunes, como el crimen de Jeremías Monzón, el joven de 15 años asesinado en Santa Fe por dos menores.
5 de septiembre de 2026
A partir de las 0.00 de hoy, 5 de septiembre de 2026, comenzó a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, la Ley 27.801 sancionada el 27 de febrero pasado, que establece que los adolescentes son punibles desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18. Se termina así el esquema del Decreto-Ley 22.278, vigente desde el 25 de agosto de 1980, en plena dictadura, que fijaba que los menores de 16 años eran inimputables.
Qué cambia desde hoy
Es un régimen especial de responsabilidad juvenil, orientado a la educación, resocialización e integración.
Los puntos centrales
- Edad: se puede imputar desde los 14 años por delitos previstos en el Código Penal.
- Penas máximas: se prohíbe la reclusión y prisión perpetua para adolescentes. El máximo de privación de libertad será de 15 años, con posibilidad de libertad condicional al cumplir 2/3 de la condena.
- Medidas alternativas: para penas de 3 a 10 años, el juez podrá disponer amonestación formal, prohibición de acercamiento o de concurrir a determinados lugares, reparación del daño a la víctima, reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad y participación obligatoria en actividades educativas.
- Monitoreo electrónico: se incorpora la pulsera electrónica adolescente para controlar sanciones.
- A lojamiento: los menores no podrán compartir encierro con mayores. Deberán estar en institutos abiertos, institutos especializados o, en ciertos casos, con arresto domiciliario, con personal especializado.
- Víctimas y padres: se fortalece la participación de la víctima en el proceso y se establece la responsabilidad civil de los padres por los daños causados por sus hijos.
- Identidad: sigue prohibido difundir nombre, apodo, domicilio o imagen que permita identificar al adolescente.
Para la implementación, el Congreso fijó una partida de cerca de 24 mil millones de pesos. En los juzgados ya advierten por el aumento de expedientes y la falta de pulseras, supervisores y articulación con los códigos procesales provinciales.
El caso de Santa Fe que impulsó la ley
El tema se venía discutiendo desde hacía décadas pero no se reformaba el sistema, mientras el delito en adolescentes crecía. El caso del santafesino Jeremías Monzón, el chico de 15 años de Santo Tomé cuyo crimen en diciembre pasado se convirtió en uno de los casos más resonantes de la historia policial santafesina, fue como la gota que rebalsó el vaso, en las propias palabras de la Ministra Bullrich..
Jeremías salió en bicicleta a encontrarse con Milagros A., de 16 años, en el Fonavi San Jerónimo. Caminaron hasta un predio abandonado frente a la cancha de Colón donde lo esperaban dos chicos de 14 años. Según la investigación de los fiscales Francisco Cecchini y Ana Laura Gioria, lo atacaron a golpes y puñaladas, lo torturaron para sacarle la clave del celular y, tras conseguirla, Milagros dijo: "Ya está, matalo".
Todo quedó grabado en un video que los propios agresores filmaron. Luego descartaron pertenencias en el Parque del Sur e improvisaron una lápida. El cuerpo fue hallado el 22 de diciembre con una veintena de puñaladas.
De los cuatro involucrados, solo Milagros -imputada como coautora de homicidio calificado por concurso premeditado de tres o más personas, ensañamiento y alevosía- y su madre Nadia Juárez -partícipe secundaria- quedaron detenidas. Los otros dos menores de 14 años, al ser no punibles bajo el régimen viejo, fueron sobreseídos.
La viralización del video en enero nacionalizó el caso. El barrio pidió la "Ley Jeremías" en marchas constantes. Su mamá, Romina, dijo: "No importa la edad, son asesinos y lo que hicieron fue una ejecución. Que baje la ley de imputabilidad porque no es justo".
El gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que "la pena tiene que ver con el delito y no con la edad". El Gobierno nacional, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad entonces, incluyó el proyecto en extraordinarias de febrero.
El 27 de febrero la ley se sancionó con amplia mayoría. Romina, presente en el Congreso, resumió: "No devuelve a Jere, no hace justicia por Jere, no encierra a los homicidas de Jere. Pero va a hacer que las víctimas de acá en adelante no pasen lo que tuvo que pasar".
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