A casi nueve años de la tragedia que costó la vida de 44 tripulantes, las querellas solicitaron penas de prisión efectiva para los cuatro ex oficiales de la Armada acusados por el hundimiento del submarino. Consideran que existieron graves incumplimientos y que se ignoraron riesgos que eran conocidos dentro de la fuerza.
23 de junio de 2026
En el juicio que se desarrolla en Río Gallegos por el hundimiento del ARA San Juan, las familias de la mayoría de los tripulantes fallecidos reclamaron condenas de prisión efectiva para los cuatro exjefes de la Armada que llegaron acusados al debate oral.
Las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de 34 familias, solicitaron cinco años de prisión para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa. Además, pidieron diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Por su parte, el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos, fue más allá y reclamó penas de entre siete y ocho años de prisión para los acusados, al considerar que las responsabilidades fueron aún más graves.
Durante los alegatos, las querellas sostuvieron que los imputados conocían las fallas y problemas que presentaba el submarino antes de su última misión y que, pese a ello, no adoptaron las medidas necesarias para evitar el desastre. También remarcaron que existían antecedentes de averías en sistemas críticos que no fueron adecuadamente atendidos.
Uno de los puntos centrales fue la comunicación realizada durante la madrugada del 15 de noviembre de 2017, cuando desde el ARA San Juan se informó el ingreso de agua en el sector de baterías y un principio de incendio. Según la acusación, quienes recibieron esa información no activaron protocolos de emergencia ni tomaron decisiones que pudieran haber cambiado el curso de los acontecimientos.
Las querellas afirmaron que la tragedia no fue producto de un hecho aislado sino de una cadena de decisiones y omisiones que terminaron normalizando riesgos conocidos dentro de la estructura naval. En ese sentido, argumentaron que los cuatro acusados tenían responsabilidades específicas y que ninguno puede desligarse trasladando la culpa a otro funcionario.
Tagliapietra, además, cuestionó la investigación realizada durante los primeros años de la causa y sostuvo que aún quedan aspectos por esclarecer sobre la misión que cumplía el submarino al momento de su desaparición en el Atlántico Sur.
El juicio busca determinar las responsabilidades penales por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, cuando la nave implosionó en aguas del Atlántico Sur con sus 44 tripulantes a bordo.
Tras la etapa de alegatos, el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos deberá analizar las pruebas reunidas durante el proceso y avanzar hacia la sentencia, uno de los momentos más esperados por los familiares de las víctimas luego de casi nueve años de reclamos judiciales.
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