El Gobierno nacional se prepara para avanzar en una nueva etapa de la reforma laboral con la intención de renegociar más de un centenar de convenios colectivos de trabajo que se encuentran vencidos. La iniciativa será impulsada por la Secretaría de Trabajo, que analiza convocar en los próximos días a sindicatos y cámaras empresarias para abrir una discusión que podría modificar condiciones laborales en distintos sectores de la economía.
7 de junio de 2026
La medida se apoya en los decretos reglamentarios 407 y 408, publicados recientemente, que otorgan mayores facultades al organismo laboral y reglamentan aspectos centrales de la Ley de Modernización Laboral. Entre otros puntos, las nuevas disposiciones promueven la descentralización de la negociación colectiva, habilitan acuerdos por empresa y establecen cambios en el esquema de financiamiento sindical.
Uno de los aspectos más relevantes es el fin de la denominada “ultraactividad” de determinadas cláusulas de los convenios colectivos. Hasta ahora, muchos acuerdos continuaban vigentes aun después de vencidos. Con la nueva reglamentación, la Secretaría de Trabajo podrá convocar durante un año a las partes para renegociar esos convenios, abriendo la puerta a una revisión amplia de las condiciones laborales existentes.
Desde sectores empresarios consideran que la medida permitirá actualizar acuerdos que en algunos casos tienen décadas de antigüedad. Sin embargo, sindicatos y dirigentes de la CGT expresaron preocupación por la posibilidad de que las negociaciones impliquen una pérdida de derechos laborales o una reducción de los recursos económicos que sostienen a las organizaciones gremiales.
Entre los cambios que podrían discutirse aparecen mecanismos de flexibilización laboral, como la implementación de bancos de horas para redistribuir jornadas de trabajo, esquemas salariales vinculados a la productividad y modificaciones en la organización de las tareas dentro de las empresas.
La estrategia oficial apunta también a fortalecer las negociaciones a nivel empresarial o regional. Según el Gobierno, el sistema actual se encuentra excesivamente centralizado y dificulta la adaptación de las condiciones laborales a las distintas realidades productivas. Los críticos de la iniciativa sostienen, en cambio, que esa descentralización podría debilitar el poder de negociación de los sindicatos y fragmentar los convenios nacionales por actividad.
El avance de la reforma se produce en un contexto complejo para el mercado laboral. A pesar de las medidas impulsadas por el Ejecutivo durante los últimos dos años, los niveles de informalidad continúan siendo elevados y diversos sectores industriales enfrentan dificultades vinculadas a la caída de la actividad, cierres de plantas y pérdida de puestos de trabajo.
En este escenario, el inicio de las negociaciones promete abrir un nuevo frente de debate entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y las cámaras empresarias sobre el futuro de las relaciones laborales en la Argentina.
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