La decisión del gobernador Rogelio Frigerio de reglamentar finalmente los concursos para el ingreso a la planta permanente, las promociones y la cobertura de cargos jerárquicos en la administración pública provincial abre un interrogante inevitable: ¿está Entre Ríos por fin ante un verdadero cambio de época en la forma de acceder al empleo estatal?
15 de junio de 2026
El Decreto Nº 1452 que firmó el gobernador a principios de mes reglamenta una obligación que la Constitución Provincial incorporó en la reforma de 2008, pero que nunca había sido implementada plenamente por los sucesivos gobiernos. La norma establece que los ingresos, ascensos y designaciones de jefaturas deberán realizarse mediante concursos públicos, transparentes y basados en el mérito, con participación de representantes sindicales, del Estado y del ámbito universitario.
Apenas asumida la nueva gestión en diciembre de 2023, una de las principales controversias políticas estuvo vinculada a cientos de nombramientos y pases a planta permanente realizados durante los últimos meses de la gestión del gobernador anterior. Esto no fue algo nuevo. Hace décadas que la ciudadanía viene reclamando por un cambio en cuanto a esos mecanismos que todos conocemos pero pocos se animan a desactivar.
El relevamiento efectuado por las nuevas autoridades legislativas puso bajo la lupa decisiones adoptadas durante las gestiones encabezadas por Laura Stratta en el Senado y Ángel Giano en la Cámara de Diputados, en el marco del gobierno de Gustavo Bordet y con dirigentes de peso como Adán Bahl entre los nombres involucrados.
En el Senado, la ex vicegobernadora Laura Stratta designó en planta permanente al actual senador Víctor Sanzberro, dirigente de Victoria y de estrecha relación política con la ex mandataria. Sanzberro fue incorporado mientras ejercía como concejal y luego obtuvo una licencia sin goce de sueldo. Tras la difusión pública del caso, presentó su renuncia al cargo.
También quedaron alcanzados por las revisiones los ex senadores Juan Carlos Kloss y Amílcar Genre Bert, quienes accedieron a cargos de planta mientras ejercían sus funciones legislativas. Ambos terminaron renunciando luego de que las designaciones tomaran estado público.
Otro de los casos que generó cuestionamientos fue el del ex intendente de Federal, Gerardo Chapino, quien también había sido incorporado a planta permanente y posteriormente licenciado mientras continuaba desempeñándose como jefe comunal.
La revisión incluyó además a ex integrantes del gabinete provincial de Gustavo Bordet. Entre ellos figuraban Franco Ferrari, Maricel Brusco, Gustavo Velázquez y Valeria Migueles, quienes habían sido incorporados a la estructura permanente del Senado.
Las observaciones también alcanzaron a personas del círculo más cercano de Stratta. Entre los nombramientos aparecieron su secretaria privada Ana Valencia, su asesora letrada Sofía Uranga y su secretario coordinador Roberto Cabeza. De ese grupo, solamente Cabeza continúa actualmente en planta permanente.
Otros ex funcionarios fueron posteriormente reconvertidos en contratos de obra luego de que se dispusiera la revisión de sus situaciones laborales. Entre ellos se encontraban Lucio Amavet, Néstor Rodríguez, Juan Pablo Zacarías, Luciano Giorgio y Pedro Gebhart, este último imputado en la causa judicial conocida como Jóvenes Emprendedores.
La situación no fue exclusiva de la Cámara Alta. En Diputados, durante la presidencia de Ángel Giano, también se detectaron nombramientos que luego fueron revocados por las nuevas autoridades. Entre los casos más resonantes aparecieron Franco Bahl y Joaquín Bahl, hijos del ex intendente de Paraná y ex vicegobernador Adán Bahl, quienes habían sido incorporados a planta permanente. La revisión administrativa concluyó que no reunían los requisitos establecidos para dichas designaciones. Joaquín interpuso un recurso de amparo y el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia lo rechazó.
La nómina incluyó además a la concejal concordiense Lía Solís y a dirigentes y militantes identificados con el espacio político de Giano, entre ellos Diego Gerardo Lascurain, Darío Maximiliano Acevedo, Juan Manuel Vidal, Rosana Beatriz Godoy, Etelvina María Nidia Silveira y Facundo Visosa.
También fueron dejados sin efecto los pases a planta de Guillermo Ferrari del Sel, Luis Erbes –condenado por cohecho-, Verónica Mastrachio, Gustavo Zavallo, Mariela Teruel, Gisela Wagner, Agustina Camino, Ana Gabriela Duez, Germán Grané, Rita Machuca, Gonzalo García Garro, Claudio Ava Aispuru y María Eugenia Mayr. Los distintos recursos judiciales y amparos promovidos para revertir esas decisiones terminaron siendo rechazados.
En ese contexto, la reglamentación de los concursos adquiere una relevancia que excede una mera reforma administrativa. Se trata de institucionalizar un mecanismo que impida que el acceso al empleo público dependa de vínculos políticos, afinidades partidarias o decisiones discrecionales de las autoridades de turno, para siempre. Algo que debería haber sido implementado hace décadas, basándonos en el sentido común. Pareciera que ese tiempo llegó.
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