La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Claudia Mizawak, informó sobre los alcances del manual en su carácter de representante ante la red federal de magistrados.
28 de junio de 2026
El constante avance de la conectividad trajo consigo una transformación en las modalidades delictivas que exponen a niños y adolescentes a situaciones de vulnerabilidad. En este marco, UNICEF Argentina lanzó una herramienta técnica orientada a fortalecer las capacidades de persecución penal frente al grooming y la explotación sexual infantil, en entornos digitales. El nuevo documento unifica criterios legales e informáticos para garantizar el resguardo eficiente de la evidencia electrónica.
La guía técnica busca unificar los marcos normativos vigentes, como el Convenio de Budapest y las recientes modificaciones al Código Penal Argentino. El propósito central de la iniciativa consiste en dotar a operadores judiciales de directrices claras para recolectar pruebas electrónicas con rapidez, una acción indispensable frente a la facilidad con la que los sospechosos eliminan rastros virtuales.
El texto de consulta destaca dos dificultades estructurales de la criminalidad informática: las fronteras físicas entre el agresor y la víctima, que gracias a la tecnología se acortaron o desaparecieron, y la alta volatilidad de los datos. Por esta razón, el manual describe un protocolo de buenas prácticas que protege de modo estricto la cadena de custodia desde el primer análisis de los dispositivos de almacenamiento. De esta manera, las dependencias judiciales contarán con pautas precisas dirigidas a evitar futuras impugnaciones por parte de las defensas de los imputados.
La Red de Jueces y Juezas Comprometidos por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de UNICEF, espacio federal integrado por las máximas autoridades de las cortes provinciales, coordinó la producción del material. El proyecto final también añade recomendaciones detalladas para la etapa del juicio oral, donde se promueve la utilización de gráficos explicativos y la participación de peritos informáticos. Esta metodología facilita que los magistrados valoren con precisión elementos tecnológicos complejos, antes de emitir un veredicto formal.
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