La superficie representa el 65% del total de tierras fiscales de la provincia. La mayor parte se concentra en el Delta, en los departamentos Gualeguay y Victoria. El Gobierno asegura que la regularización permitió ordenar ocupaciones que durante años permanecieron fuera de control y generar nuevos recursos para las arcas provinciales.
31 de agosto de 2026
El Gobierno de Entre Ríos regularizó en los últimos dos años la ocupación de unas 124.000 hectáreas de tierras fiscales, mediante “permisos onerosos de uso de suelo”, alquileres que cobra la Provincia para que tierras públicas que estaban usurpadas, pasen a estar controladas y generen ingresos. Según informó la Provincia, se trata del 65% de la superficie fiscal entrerriana y la mayor parte de esos terrenos se encuentra en la zona del Delta.
El proceso forma parte del programa de Regularización de la Ocupación de las Tierras Fiscales, que busca poner bajo control estatal terrenos que, al inicio de la actual gestión, presentaban ocupaciones irregulares o clandestinas. La medida también permitió que esas tierras comenzaran a generar ingresos para la provincia. El objetivo oficial es avanzar hacia la regularización de la totalidad del patrimonio fiscal.
La tarea quedó bajo la órbita de la Agencia Administradora de Bienes de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper), creada durante la actual gestión. Su presidente, Eduardo Asueta, anticipó que se realizará un relevamiento de los 200 lotes de propiedad provincial para conocer sus características productivas y establecer con mayor precisión el valor de los permisos de uso. “Tenemos muy en claro que se trata de propiedad pública que debe ser administrada en función del interés del conjunto de los entrerrianos”, afirmó.
Desde la Secretaría General de la Gobernación, Mauricio Colello destacó el alcance del proceso y sostuvo que recuperar esas tierras implica recuperar patrimonio público. “Es parte de una decisión de ordenar el Estado, saber qué bienes tiene, cómo se administran y garantizar que estén puestos al servicio del desarrollo de la provincia”, señaló.
El próximo paso será completar el inventario de las tierras fiscales y avanzar hacia un sistema de administración pública y transparente. La intención es que la información sobre cada inmueble y los contratos de uso oneroso puedan ser consultados y que distintos interesados tengan igualdad de condiciones para acceder a ellos.
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