La reglamentación de la Ley 11.250 crea un sistema unificado y digital, incorpora el Certificado Único Ambiental y establece nuevas herramientas de participación ciudadana.
20 de septiembre de 2026
El Gobierno de Entre Ríos puso en vigencia el nuevo régimen de Gestión Ambiental de Actividades Económicas, luego de la publicación de la reglamentación de la Ley provincial N° 11.250.
La norma establece un marco común para evaluar y controlar el impacto ambiental de las actividades productivas que se desarrollan en la provincia. El nuevo esquema reemplaza regulaciones con varias décadas de antigüedad, entre ellas la Ley N° 6.260, vigente desde 1978, y reorganiza los procedimientos administrativos vinculados con la gestión ambiental.
El gobernador Rogelio Frigerio había anunciado la reglamentación durante la 22° Jornada de la Industria de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER). En esa oportunidad, definió la nueva normativa como “un nuevo código ambiental para la actividad productiva” y sostuvo que busca combinar previsibilidad para las inversiones, simplificación de trámites y control estatal.
Un sistema unificado y digital
Uno de los principales cambios es la creación del Certificado Único Ambiental (CUA), una herramienta digital que busca concentrar y reemplazar distintos trámites y autorizaciones que hasta ahora se gestionaban por separado.
El certificado permitirá ordenar la información ambiental de cada actividad, facilitar el seguimiento de los expedientes y otorgar mayor trazabilidad a los procedimientos. Para el sector productivo, la medida apunta a reducir la superposición de requisitos y brindar criterios más uniformes al momento de iniciar o ampliar una actividad.
La reglamentación también establece un nomenclador de categorías ambientales y define procedimientos diferenciados según el impacto potencial de cada proyecto. De esta manera, las actividades con mayor incidencia sobre el ambiente deberán atravesar evaluaciones más complejas, mientras que aquellas de menor riesgo tendrán trámites simplificados.
El decreto reglamentario contiene 95 artículos, ocho títulos y tres anexos. Allí se precisan las competencias de la autoridad de aplicación, los procedimientos de evaluación ambiental, las medidas preventivas y precautorias, el régimen de sanciones y los mecanismos de coordinación entre la Provincia y los gobiernos locales.
Participación ciudadana en forma remota
El nuevo régimen incorpora mecanismos de participación ciudadana dentro de los procedimientos de evaluación ambiental. La Secretaría de Ambiente estableció una modalidad digital para que los vecinos puedan acceder a la documentación de los proyectos y presentar observaciones de manera remota.
La herramienta busca ampliar el acceso a la información y facilitar la participación de comunidades, organizaciones sociales, universidades, productores y gobiernos locales. El procedimiento se plantea en línea con los principios del Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
La participación deberá realizarse antes de la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, uno de los documentos centrales para la aprobación de los proyectos que puedan generar efectos significativos sobre el entorno.
El equilibrio entre producción y ambiente
Desde el Gobierno provincial sostienen que la nueva normativa permitirá agilizar las inversiones y ordenar trámites sin reducir las facultades de control del Estado.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, afirmó que el régimen apunta a reemplazar procedimientos “burocráticos y dispersos” por reglas más claras y previsibles. Por su parte, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, remarcó que la protección ambiental y el desarrollo productivo pueden avanzar de manera conjunta si existen herramientas de control y evaluación adecuadas.
La Ley 11.250 fue sancionada el 6 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial provincial el 22 de enero. Con la reglamentación, Entre Ríos completa el marco necesario para aplicar el nuevo régimen ambiental a las actividades económicas que se desarrollan en su territorio.
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