El proyecto será enviado al Congreso en los próximos días. La iniciativa busca eliminar la obligatoriedad de la matrícula para ejercer como corredor inmobiliario, habilitar la intermediación mediante plataformas digitales y aumentar la competencia en el sector. La propuesta ya genera fuertes posiciones a favor y en contra.
30 de junio de 2026
El Gobierno nacional avanza con una profunda reforma del mercado inmobiliario que propone eliminar la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje, flexibilizar las condiciones para la intermediación en operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles, y permitir que personas y empresas puedan operar a través de plataformas digitales en todo el país.
La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, será enviada al Congreso en los próximos días y forma parte del paquete de medidas orientadas a reducir regulaciones y promover una mayor competencia en distintos sectores de la economía.
El principal cambio previsto es la eliminación de la exigencia de contar con matrícula profesional para desempeñarse como corredor inmobiliario. De prosperar la reforma, tampoco será obligatorio poseer un título universitario específico para ejercer la actividad y se eliminarán los aranceles mínimos y máximos para el cobro de honorarios, otorgando libertad para fijar las comisiones.
Además, el proyecto contempla una fuerte modernización del sistema mediante la incorporación de herramientas tecnológicas. La propuesta habilita la posibilidad de operar a través de plataformas digitales, sin restricciones geográficas, permitiendo que personas físicas o jurídicas puedan prestar servicios inmobiliarios desde cualquier provincia sin necesidad de reinscribirse en cada jurisdicción. El esquema también prevé impulsar nuevos modelos de negocio basados en inteligencia artificial, recorridos virtuales y firmas electrónicas.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a reducir los costos de las operaciones inmobiliarias, facilitar el ingreso de nuevos actores al mercado y aumentar la competencia en beneficio de compradores, vendedores e inquilinos.
Durante una exposición realizada días atrás, Sturzenegger cuestionó el sistema actual de colegiación obligatoria y consideró que los colegios profesionales concentran facultades que restringen la competencia. En ese sentido, criticó especialmente la fijación de honorarios mínimos al sostener que ese mecanismo perjudica a los consumidores.
Apoyo de empresas y plataformas inmobiliarias
La iniciativa recibió el respaldo de distintos referentes del sector privado. Desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) afirmaron que el sistema vigente limita la competencia y dificulta el ingreso de nuevos prestadores de servicios, mientras que desde Remax Argentina señalaron que el debate sobre el rol de los colegios profesionales resulta oportuno en un contexto de transformación tecnológica del mercado.
También recibió el respaldo de empresas dedicadas a la innovación tecnológica aplicada al mercado inmobiliario, que consideran que la reforma permitirá desarrollar nuevas formas de comercializar propiedades mediante plataformas digitales, inteligencia artificial, recorridos virtuales y firmas electrónicas, reduciendo costos y agilizando las operaciones.
El rechazo de los colegios profesionales
En cambio, la propuesta despertó una fuerte oposición de las entidades que representan a los corredores inmobiliarios matriculados.
La Cámara Inmobiliaria Argentina y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) advirtieron que eliminar la matrícula obligatoria podría afectar la seguridad jurídica de las operaciones y aumentar el riesgo de fraudes.
Desde esas instituciones recordaron que los corredores matriculados cumplen obligaciones establecidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), entre ellas la identificación de clientes, la verificación del origen de los fondos y la colaboración en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Los representantes del sector sostienen que la matrícula constituye una garantía para quienes realizan operaciones que involucran, en muchos casos, el patrimonio de toda una familia, y remarcan que la actividad requiere capacitación específica, controles y responsabilidad profesional.
Mientras el proyecto espera ingresar al Congreso, el debate promete enfrentar dos modelos bien diferenciados: uno que propone una mayor apertura del mercado mediante la desregulación y otro que defiende la colegiación obligatoria como herramienta para preservar la transparencia y la seguridad de las operaciones inmobiliarias.
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