Este miércoles la fiscalía solicitó seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, al considerar que fueron responsables de una maniobra de corrupción vinculada al programa de viviendas sociales Sueños Compartidos. Además, pidió el decomiso de al menos 206 millones de pesos, monto que deberá actualizarse por inflación al momento de una eventual condena.
10 de julio de 2026
El pedido fue formulado durante el alegato del fiscal general Diego Velasco ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, en el juicio que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas entre 2007 y 2011. Según la acusación, los exfuncionarios fueron coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, mientras que los hermanos Schoklender actuaron como partícipes necesarios. El debate continuará el próximo 5 de agosto, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) presente su alegato.
Durante una exposición de más de diez horas, la fiscalía sostuvo que se montó un "sistema de corrupción institucional" mediante la adjudicación directa de obras públicas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sin licitaciones ni controles adecuados. Según los fiscales, la organización recibió más de 900 millones de pesos y al menos 206 millones fueron desviados de su destino original.
Los representantes del Ministerio Público afirmaron que el denominado Programa 50 fue utilizado como herramienta para canalizar fondos hacia la fundación, pese a que no estaba diseñado para la construcción de viviendas. También señalaron que se modificaron normativas para reducir controles, se omitieron mecanismos de fiscalización y se permitió la ejecución de obras con sobreprecios y numerosas irregularidades.
Respecto de las responsabilidades individuales, el fiscal Velasco consideró que De Vido fue quien diseñó y garantizó el funcionamiento de la maniobra; que José López autorizó y supervisó las transferencias; y que Abel Fatala omitió los controles sobre la ejecución de las obras. En tanto, sostuvo que Sergio y Pablo Schoklender desempeñaron un papel central en el manejo de los fondos y obtuvieron beneficios personales mediante la compra de inmuebles y otros bienes.
Además de las penas máximas para los principales acusados, la fiscalía solicitó cuatro años de prisión para Daniel y Karina Nasif, junto a los exfuncionarios Carlos Castellano y Daniel Freidin, a quienes señaló como partícipes secundarios de la maniobra. También reclamó el decomiso de 206 millones de pesos, al considerar que constituye el piso mínimo del perjuicio ocasionado al Estado.
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