Granja Tres Arroyos pidió el concurso preventivo de acreedores

Granja Tres Arroyos solicitó formalmente la apertura de su concurso preventivo de acreedores, una herramienta judicial que permite a una empresa con dificultades financieras reorganizar sus pasivos y negociar con sus acreedores para evitar una eventual quiebra. La presentación, encabezada por Wade, una de las sociedades del grupo controlado por la familia De Grazia, se produjo luego de meses de negociaciones privadas que no lograron prosperar.

La compañía arrastra una deuda estimada en USD 350,9 millones y atraviesa una crisis que comenzó a fines de 2024. En ese período se sucedieron despidos, suspensiones, cierres y paralizaciones en distintos establecimientos. El alcance de los últimos despidos abarcó a 50 empleados de la planta de Pilar y a 450 de la planta de Esteban Echeverría, en Buenos Aires.

Otras plantas del grupo habían sido alcanzadas previamente: en julio, la planta Avex en Río Cuarto, Córdoba, dejó de operar con unos 350 trabajadores involucrados; en agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal; y en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se produjeron alrededor de 250 despidos iniciales.

El conflicto escaló de manera drástica el último domingo, cuando la firma notificó la suspensión de sus actividades operativas en la planta de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, "hasta nuevo aviso" a partir del 31 de agosto de 2026. En una localidad de 15.000 habitantes, en la que 1 de cada 10 habitantes depende de la planta, las consecuencias son impredecibles.

Según la información difundida, las desvinculaciones acumuladas en el grupo se acercarían a 1.730 trabajadores, aunque el número todavía no estaría completamente consolidado.

Reclamos de los gremios ante Nación

Frente a este panorama, la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), junto a UATRE, la Federación de la Carne y la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), marcharon este jueves hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación para reclamar una intervención del Gobierno, ante la situación que atraviesa la empresa y el riesgo sobre miles de puestos de trabajo. La movilización reunió a delegaciones sindicales de distintos puntos del país, con una importante presencia de trabajadores de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Chaco, los más afectados por la crisis.

 Durante la jornada, representantes de las organizaciones gremiales fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de Trabajo. En el encuentro reclamaron que el Estado nacional intervenga para encontrar una salida al conflicto y evitar que continúen los despidos y el deterioro de las condiciones laborales. Desde el sector sindical advierten que el conflicto podría comprometer unos 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados con la actividad de la compañía.

El impacto en Concepción del Uruguay

Entre Ríos ya había recibido uno de los golpes más fuertes de esta crisis. En Concepción del Uruguay, la planta "La China" paralizó sus actividades en mayo de 2026 y los primeros telegramas de despido llegaron a fines de julio. Para septiembre, las desvinculaciones ya sumaban aproximadamente 480 trabajadores sobre una plantilla de entre 930 y 950 personas, tras una segunda tanda de 210 cesantías. La planta Becar, en tanto, había cerrado de manera definitiva en diciembre de 2025, con el traslado de sus 270 operarios a "La China".

Esto ocasionó numerosas medidas de fuerza de los trabajadores y generó la solidaridad de toda la comunidad con esta situación. El gobierno de la provincia, por su parte, dispuso una batería de medidas de ayuda a los trabajadores, que incluye asistencia económica y exenciones impositivas provinciales, entre otras, además de la intervención de la Secretaría de Trabajo en las negociaciones con la empresa.

El nuevo escenario judicial abre ahora una etapa de incertidumbre en la que el futuro de las plantas y de los puestos de trabajo dependerá de la reestructuración de la deuda y de las negociaciones entre la empresa, sus acreedores, los trabajadores y las autoridades laborales.

La empresa

Granja Tres Arroyos llegó a convertirse en uno de los principales grupos avícolas de la Argentina, con operaciones integradas de producción, faena, procesamiento y comercialización. En su etapa de mayor expansión llegó a operar ocho plantas entre Argentina y Uruguay y a exportar cerca del 35% de su producción.

La pérdida de mercados externos, especialmente por las restricciones vinculadas a la gripe aviar y los cambios en destinos como China, se combinó con problemas internos, caída de la actividad y una elevada estructura de costos. La empresa comenzó así un proceso de reducción de gastos, retiros voluntarios y concentración de la producción que terminó profundizándose durante 2026.

 La situación contrasta con el desempeño general de la actividad avícola, que mantiene perspectivas de crecimiento en el país. Por eso, el caso de Granja Tres Arroyos aparece como una crisis particular dentro de un sector que continúa siendo estratégico para la producción y el empleo.