Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner enfrentarán desde el viernes 23 de octubre un juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en las que la fiscalía los acusa de lavado de activos y, en el caso de Los Sauces, de asociación ilícita. Antes del inicio, la Cámara Federal de Casación deberá resolver si unifica ambos expedientes, que fueron separados en septiembre por el Tribunal Oral Federal 5.
19 de octubre de 2026
El proceso será el primero en el que Máximo Kirchner se siente en el banquillo. El tribunal estará integrado por José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, mientras que la fiscalía estará a cargo de Diego Velasco.
Se trata de un debate de gran escala: habrá 19 acusados y alrededor de 300 testigos. Las audiencias por Los Sauces están previstas para los lunes, viernes y sábados, mientras que el juicio por Hotesur había sido programado para el 19 de marzo de 2027.
La acusación: un circuito de dinero
Según la reconstrucción fiscal, entre mayo de 2003 y diciembre de 2016 habría funcionado una asociación ilícita encabezada por Néstor y Cristina Kirchner. La teoría del caso sostiene que fondos públicos habrían pasado por empresas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo y luego regresado a la familia Kirchner en forma de alquileres de hoteles y departamentos, compras de propiedades, préstamos y mejoras.
El esquema habría tenido tres etapas: la obtención de dinero público a través de la obra pública y otros contratos estatales; el giro de esos fondos a compañías “puente”; y el pago de alquileres a las sociedades Hotesur SA y Los Sauces SA, que finalmente habrían distribuido ese dinero entre los integrantes de la familia.
Entre las pruebas centrales, la acusación se apoya en un peritaje de 2021 que habría identificado 21 transferencias de Lázaro Báez a los Kirchner realizadas el mismo día en que el empresario cobró fondos por obra pública.
Hotesur: los hoteles de El Calafate
En Hotesur, la acusación se concentra en la compra y explotación de los hoteles Las Dunas y Alto Calafate, en El Calafate. Según la fiscalía, Austral Construcciones —la principal empresa de Báez— le prestó dinero a Néstor Kirchner y le compró propiedades, mientras que el Banco de Santa Cruz, del grupo Eskenazi, otorgó créditos por más de $10 millones a Néstor, Cristina y Máximo Kirchner.
El Alto Calafate habría sido adquirido en noviembre de 2008 con US$3.168.000 en efectivo y US$1.632.000 transferidos desde el Banco de Santa Cruz. Luego, Valle Mitre, una empresa de Báez que hasta entonces administraba un restaurante, se hizo cargo de la explotación de los hoteles mediante contratos de alquiler y gestión.
Para los fiscales, un dato central es que esa operatoria no habría sido un negocio rentable: Valle Mitre recibió $86.566.062 mientras administró los hoteles, pero terminó con pérdidas por más de $6 millones. Ese desfasaje, sostiene la acusación, evidenciaría que los pagos cumplían una función de transferencia de dinero y no una actividad hotelera.
Los Sauces: alquileres y crecimiento patrimonial
En el caso Los Sauces, la inmobiliaria de la familia Kirchner habría facturado $25.968.042,30 en alquileres entre 2009 y 2016. El 88% de esos ingresos provino, según la fiscalía, de empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo.
Entre los principales pagos figuran los realizados por el Grupo Indalo por departamentos, cocheras y bauleras en Puerto Madero, y los de empresas vinculadas a Báez por inmuebles en Río Gallegos y por el hotel La Aldea del Chaltén.
La acusación destaca que el patrimonio neto de Los Sauces pasó de $100.000, con los que se constituyó, a $12.122.430,26. Desde esa sociedad, la familia habría retirado más de $10 millones en concepto de devolución de créditos, honorarios, sueldos y gastos personales, sin cumplir —según los fiscales— los mecanismos societarios exigidos para repartir dividendos.
Los roles atribuidos
La fiscalía sostiene que Néstor y Cristina Kirchner habrían sido los jefes de la presunta asociación ilícita, mientras que Máximo Kirchner habría cumplido un rol de organizador y representante del grupo familiar en algunas operaciones.
Máximo Kirchner integró los directorios de Hotesur y Los Sauces. Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner y expresidenta de Hotesur, también está acusada, al igual que su esposo, Patricio Pereyra Arandia, directivo de la compañía.
También están imputados, entre otros, Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo Sanfelice, el contador Víctor Manzanares y Martín Báez, hijo del empresario. Según la acusación, Sanfelice habría operado como gerente del entramado y Manzanares habría armado la estructura contable, mientras que los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña habrían intervenido en la conformación de sociedades y poderes.
Qué se juzga en cada causa
En Los Sauces, los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita, lavado de activos, dádivas y simulación de operaciones financieras. En Hotesur, en cambio, Cristina y Máximo Kirchner están acusados por lavado de activos; la asociación ilícita no fue nuevamente imputada en ese tramo para evitar un doble juzgamiento por el mismo hecho.
La fiscalía considera que ambos expedientes deben tramitarse juntos porque once acusados comparten ambos casos y la misma prueba documental. Sin embargo, la defensa de Cristina Kirchner rechazó la reunificación y advirtió que avanzar en esas condiciones podría impedir el inicio del debate o derivar en una sentencia inválida.
Una decisión pendiente
La Cámara Federal de Casación Penal deberá definir si se mantienen dos juicios sucesivos —como dispuso el TOF 5— o si se unifican Hotesur y Los Sauces, como solicita la fiscalía. Una eventual unificación no implicaría necesariamente una postergación automática, pero obligaría a redefinir la organización de las audiencias y el cronograma.
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