Tras la condena firme contra el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez, el Estado entrerriano tomó posesión de bienes alcanzados por el decomiso ordenado por la Justicia. Este lunes se entregaron las llaves de los inmuebles donde funcionó Tep SRL, además de vehículos y equipos utilizados por la empresa.
28 de septiembre de 2026
La medida se concretó en el galpón ubicado en calle Racedo 415, en Paraná. El fiscal de Estado Adjunto, Martín Rettore, recibió del abogado Miguel Ángel Cullen las llaves del inmueble y tomó posesión, en representación del Estado provincial, de los bienes encontrados en el lugar: una camioneta Berlingo, un camión, una motocicleta, computadoras y un plóter de grandes dimensiones.
El decomiso forma parte de la ejecución de la condena penal contra Urribarri, Aguilera y Báez. Según explicó Rettore, la sentencia alcanza dos inmuebles contiguos que funcionan como una sola unidad, tres vehículos y los equipos informáticos y de impresión vinculados con la actividad de Tep SRL.
En declaraciones previas, el funcionario había anticipado el alcance de la medida: “El decomiso establece la devolución en favor del Estado del inmueble de calle Racedo, tres vehículos y una serie de artefactos de computación y un plotter que eran los que utilizaban en la explotación de la imprenta”.
Ahora, la Fiscalía de Estado deberá poner los bienes a disposición del Poder Ejecutivo entrerriano. El destino definitivo quedará sujeto a una evaluación de las áreas correspondientes, que deberán determinar el estado de los elementos y su eventual utilidad para organismos provinciales.
Rettore aclaró que la función de la Fiscalía de Estado se limita a hacer efectivo el decomiso y formalizar la entrega. “Nosotros tomamos posesión en nombre del gobierno de Entre Ríos y específicamente se lo remitimos mediante un expediente administrativo al titular del Poder Ejecutivo”, explicó.
El proceso se enmarca en la ejecución de las condenas firmes dictadas en la causa que involucró al exgobernador, Aguilera y Báez. Con la toma de posesión de los inmuebles y bienes, el Estado provincial avanza en la recuperación de los activos alcanzados por la decisión judicial.
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