La crisis política y social en Bolivia atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. En medio de bloqueos, protestas y una creciente tensión en las calles, el presidente Rodrigo Paz lanzó una “última convocatoria” al diálogo con los sectores sindicales y campesinos que encabezan las movilizaciones contra su gobierno. El mandatario advirtió que el país está “casi al límite” y pidió evitar una escalada mayor del conflicto.
29 de mayo de 2026
La convocatoria estuvo dirigida especialmente a Vicente Salazar, referente de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari y uno de los principales líderes de las protestas. Paz planteó la necesidad de instalar una mesa de negociación urgente para intentar destrabar el conflicto, aunque desde los sectores movilizados rechazaron hasta ahora cualquier acercamiento con el Ejecutivo y ratificaron la continuidad de los cortes de rutas y las medidas de fuerza.
Las protestas se extendieron en las últimas semanas a distintos puntos estratégicos del país, principalmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los manifestantes cuestionan el deterioro económico, el aumento del costo de vida y las políticas impulsadas por el gobierno nacional. Además, reclaman cambios estructurales y denuncian persecución política contra dirigentes opositores y organizaciones sociales.
El impacto de los bloqueos ya comenzó a sentirse con fuerza en la economía boliviana. Según medios locales e internacionales, en varias ciudades se registraron problemas de abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos. También hubo dificultades en el transporte de mercaderías y demoras en actividades productivas vinculadas al comercio y la exportación.
En paralelo, el gobierno tomó medidas para endurecer la respuesta frente a la conflictividad social. Esta semana, Rodrigo Paz promulgó una ley que amplía las facultades del Ejecutivo para disponer la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos y situaciones de alteración del orden público. La decisión generó fuertes cuestionamientos desde sectores opositores y organismos de derechos humanos, que advirtieron sobre el riesgo de una militarización de la crisis.
La tensión aumentó todavía más tras los enfrentamientos registrados durante las protestas en distintas regiones del país. Organizaciones sociales denunciaron muertos y heridos durante operativos de seguridad, mientras que el gobierno acusó a grupos radicalizados de intentar desestabilizar la gestión nacional.
En ese contexto, Paz insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo político y social para evitar un agravamiento del escenario. “Bolivia está casi al límite”, afirmó el mandatario, en una definición que refleja la preocupación oficial por el nivel de conflictividad y el desgaste institucional que atraviesa el país sudamericano.
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