A principios de la década de 2000, las calles de Escocia —y particularmente de su ciudad más poblada, Glasgow— reflejaban una realidad alarmante. Peleas territoriales entre bandas juveniles, narcotráfico y ataques diarios con armas blancas llevaron a las Naciones Unidas a declarar al país como el más violento del mundo desarrollado, superando en más de tres veces la probabilidad de sufrir una agresión en comparación con Estados Unidos.
Sin embargo, dos décadas después, el panorama cambió por completo. Escocia redujo los homicidios a mínimos históricos y pasó a convertirse en un modelo internacional en materia de prevención de la violencia gracias a una estrategia inédita que dejó de considerar la criminalidad únicamente como un problema policial para abordarla como una cuestión de salud pública.
El punto de partida de ese cambio quedó simbolizado el 24 de octubre de 2008, cuando el Tribunal del Sheriff de Glasgow postergó un juicio tradicional: no había jurados, testigos ni acusados. En su lugar, frente al juez, se sentaron 85 líderes y miembros de bandas rivales del East End de la ciudad.
Durante la sesión, los jóvenes no escucharon condenas, sino testimonios impactantes. Una madre relató cómo un ataque con machete dejó el rostro de su hijo de 13 años irreconocible; deportistas recordaron pérdidas familiares y cirujanos maxilofaciales describieron las secuelas físicas permanentes de las agresiones. Al finalizar, se les ofreció un número telefónico de asistencia social para quienes desearan abandonar el circuito delictivo. Tras una decena de encuentros similares que alcanzaron a 473 jóvenes, casi 400 llamaron para pedir ayuda.
La violencia como un virus
La iniciativa fue diseñada por la Unidad Escocesa de Reducción de la Violencia (SVRU), un equipo especializado creado en 2005 por la Policía de Strathclyde y luego extendido a nivel nacional. Liderado en sus inicios por Karyn McCluskey y Will Linden, el organismo operó bajo una premisa innovadora: la violencia funciona igual que una enfermedad contagiosa, como el sarampión.
En lugar de limitarse a perseguir delitos ya consumados, el plan consistió en diagnosticar las causas locales de la violencia, intervenir sobre quienes ya estaban involucrados para evitar nuevos episodios, proteger a los grupos de mayor riesgo y desarrollar acciones preventivas en las comunidades más afectadas.
A través del análisis de datos, identificaron que apenas el 1% de la población concentraba casi dos tercios de los hechos violentos. Entre los principales factores de riesgo aparecían los entornos familiares inestables, la pobreza, el desempleo y la exclusión social, mientras que la permanencia en la escuela y los vínculos familiares sólidos actuaban como elementos protectores.
Un trabajo multisectorial
Para cortar esa cadena de violencia, el programa salió de las comisarías y sumó a hospitales, escuelas, universidades, trabajadores sociales y organizaciones comunitarias.
Los odontólogos y cirujanos maxilofaciales comenzaron a recibir capacitación para detectar lesiones compatibles con agresiones, entre ellas la histórica "sonrisa de Glasgow", una profunda herida provocada con cuchillos en la comisura de la boca. Ante estos casos, además del tratamiento médico, los profesionales derivaban a las víctimas hacia programas de asistencia social.
En el ámbito educativo, se impulsaron cambios para reducir las expulsiones escolares, entendiendo que sacar a los adolescentes del sistema aumentaba el riesgo de que terminaran integrando bandas criminales. Como resultado, las expulsiones descendieron de unas 45.000 en 2006 a menos de 12.000 en los últimos años.
Los hospitales también pasaron a desempeñar un papel clave. Cada vez que ingresaba una persona herida por arma blanca, trabajadores sociales y orientadores intervenían de inmediato para ofrecer apoyo psicológico, asistencia y alternativas antes de que se produjeran represalias o nuevos hechos de violencia.
El programa se complementó con iniciativas para facilitar el acceso al empleo, acompañamiento psicológico, mediación comunitaria y actividades deportivas y educativas destinadas especialmente a los jóvenes que vivían en barrios con mayores índices de conflictividad.
Resultados y exportación del modelo
Los resultados fueron contundentes. En la década posterior a la implementación de estas políticas, la tasa de homicidios cayó un 56% en Glasgow y un 38% en el conjunto de Escocia. Paralelamente disminuyeron los delitos con armas blancas, las agresiones callejeras y la participación de adolescentes en hechos violentos.
El éxito despertó interés internacional. A partir de 2019 comenzaron a crearse unidades inspiradas en el modelo escocés en una veintena de regiones policiales de Inglaterra y Gales, incluida Londres, con el objetivo de enfrentar el creciente problema de los ataques con cuchillos mediante estrategias similares.
Los desafíos actuales
Pese a los avances, los responsables de la Unidad de Reducción de la Violencia advierten que el trabajo está lejos de haber terminado. El crecimiento de las redes sociales, las consecuencias sociales de la pandemia y el aumento de la pobreza infantil representan nuevos factores de riesgo que obligan a adaptar permanentemente las políticas públicas.
La experiencia escocesa, sin embargo, dejó una enseñanza que hoy es estudiada en distintos países: cuando la violencia se aborda desde una mirada integral —que combina prevención, salud, educación, inclusión social y acción policial— es posible reducir significativamente los niveles de criminalidad y transformar una realidad que durante años parecía imposible de revertir.
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