La crisis en Bolivia sumó nuevas tensiones en las últimas horas, con protestas, bloqueos y enfrentamientos que ya llevan más de dos semanas y mantienen paralizado gran parte del país. El gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció cambios en el gabinete y denunció ante la OEA un presunto intento de desestabilización impulsado por sectores vinculados al exmandatario Evo Morales.
21 de mayo de 2026
Las movilizaciones comenzaron tras el fuerte ajuste económico implementado por el Ejecutivo, especialmente por la reducción de subsidios a combustibles y el aumento del costo de vida. En distintas regiones del país se registran cortes de rutas, desabastecimiento y marchas encabezadas por sindicatos, campesinos, transportistas y organizaciones indígenas.
Según reportes oficiales, existen más de 40 bloqueos activos y los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad dejaron muertos, heridos y decenas de detenidos. El gobierno boliviano acusa a dirigentes cercanos a Evo Morales de promover acciones para forzar la caída de Paz, mientras que el expresidente sostiene que se trata de una “sublevación popular” contra un modelo “neoliberal”.
En medio de la crisis, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos “no tolerará un intento de golpe de Estado” en Bolivia y expresó respaldo al gobierno boliviano. Las declaraciones elevaron aún más la tensión diplomática regional.
Además, Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro calificara las protestas como una “insurrección popular” y ofreciera mediar en el conflicto. La administración de Paz consideró esas declaraciones como una injerencia en asuntos internos.
Mientras tanto, Evo Morales continúa en el centro de la escena política y judicial boliviana. El exmandatario permanece inhabilitado para competir electoralmente y enfrenta causas judiciales, aunque mantiene una fuerte capacidad de movilización a través de sindicatos cocaleros y movimientos sociales afines.
La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras crecen las preocupaciones por el impacto económico, el desabastecimiento y la posibilidad de una escalada mayor del conflicto político y social en Bolivia.
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