Bolivia profundizó este martes su crisis política y social luego de que el Congreso aprobara una norma que habilita al presidente Rodrigo Paz a desplegar a las Fuerzas Armadas y declarar el estado de excepción en medio de las protestas y bloqueos que paralizan gran parte del país desde hace casi un mes.
27 de mayo de 2026
La medida fue aprobada por la Cámara de Diputados tras una extensa sesión virtual y dejó sin efecto la Ley 1341, vigente desde 2020, que regulaba los alcances y controles sobre los estados de excepción. Ahora, el proyecto quedó en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación.
El gobierno boliviano sostiene que necesita nuevas herramientas para enfrentar la creciente conflictividad social, mientras sectores opositores y organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de una escalada represiva en las calles.
Las protestas llevan ya cuatro semanas y se concentran especialmente en La Paz y El Alto, aunque también afectan rutas estratégicas de otros departamentos. Los reclamos comenzaron por el deterioro económico, la inflación y la escasez de combustibles, pero luego sumaron pedidos de renuncia contra Paz y cuestionamientos a su política económica liberal.
La tensión aumentó en los últimos días tras la muerte de un manifestante durante un operativo policial-militar en cercanías de La Paz. El gobierno inicialmente negó el hecho, aunque luego reconoció el fallecimiento y anunció una investigación. Organismos sociales y la Iglesia Católica reclamaron esclarecer el episodio y evitar una mayor militarización del conflicto.
En paralelo, el presidente boliviano denunció ante la Organización de Estados Americanos un intento de “desestabilización” impulsado por sectores vinculados al exmandatario Evo Morales, a quien responsabiliza por parte de los bloqueos y movilizaciones.
El nuevo escenario abrió fuertes críticas de dirigentes opositores, sindicatos y organismos de derechos humanos, que recordaron antecedentes traumáticos en Bolivia vinculados a la intervención militar en protestas sociales. El recuerdo de la crisis de 2003, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, volvió a aparecer en el debate público por la represión que entonces dejó decenas de muertos.
Mientras tanto, el gobierno insiste en que el estado de excepción “no es automático” y asegura que seguirá priorizando el diálogo. Sin embargo, la situación continúa siendo extremadamente delicada y mantiene al país en uno de los momentos de mayor inestabilidad política de los últimos años.
▶ Mapa de tránsito 
