Bolivia atraviesa una crisis política y social que se extiende desde hace más de una semana, en medio de una fuerte disputa entre el gobierno nacional y el sector político liderado por el expresidente Evo Morales. El conflicto se originó por el avance de causas judiciales contra el exmandatario y la tensión interna en el oficialismo boliviano, lo que derivó en una escalada de protestas, bloqueos y movilizaciones en distintas regiones del país.
18 de mayo de 2026
Las medidas de fuerza comenzaron con reclamos de organizaciones sociales, sindicatos y sectores campesinos, que rechazan lo que consideran una persecución política contra Morales y denuncian la judicialización del conflicto interno del oficialismo. A partir de allí, se multiplicaron los bloqueos de rutas en puntos estratégicos, generando complicaciones en el abastecimiento, la circulación y la actividad económica.
En este contexto, la disputa política entre el espacio de Evo Morales y la administración central se profundizó, con acusaciones cruzadas y una creciente polarización que mantiene al país en un escenario de alta inestabilidad institucional.
Como hecho más reciente de la escalada, en las últimas horas se registró la toma del aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba, por parte de seguidores del exmandatario. La terminal quedó temporalmente inoperable, en una nueva acción de presión que se suma a los bloqueos y protestas en distintos puntos del país.
En paralelo, Evo Morales enfrenta acusaciones judiciales vinculadas a una causa por presunto abuso de menores y trata de personas agravada, según investigaciones abiertas en la Justicia boliviana. El exmandatario se encuentra además en situación de rebeldía en el marco de algunos procesos, tras no haberse presentado a citaciones judiciales.
Desde su espacio político rechazan las acusaciones y denuncian una persecución judicial y política, mientras sectores del oficialismo sostienen que se trata de causas que avanzan dentro del marco institucional de la Justicia.
La combinación de conflicto político, protestas en las calles y tensión judicial mantiene a Bolivia en una etapa de alta conflictividad, con escenarios abiertos en distintos frentes del país.
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