El gobierno de Santa Fe aseguró que comenzaron a disminuir las amenazas de ataques y tiroteos en escuelas luego de la decisión de cobrarles a las familias el costo de los operativos de seguridad desplegados ante cada denuncia. Según confirmaron autoridades provinciales, ya hubo padres que abonaron las intimaciones económicas enviadas por el Estado.
22 de mayo de 2026
La medida fue implementada tras la ola de amenazas registradas en establecimientos educativos santafesinos durante las últimas semanas, especialmente después del ataque ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, donde murió un adolescente de 13 años. A partir de entonces, la Provincia endureció los controles y comenzó a reclamar el recupero de los gastos generados por cada operativo policial y de emergencia.
De acuerdo con datos oficiales, cada intervención implica un despliegue que puede costar entre cinco y seis millones de pesos, incluyendo policías, bomberos, ambulancias y tareas investigativas. Las autoridades señalaron que la mayoría de los responsables identificados son menores de edad, por lo que la responsabilidad económica recae sobre sus padres o adultos responsables.
La secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, afirmó que las amenazas “bajaron muchísimo” desde la implementación de las intimaciones y sostuvo que en los últimos días solo se registraron algunos casos aislados en Rosario y la capital provincial. También confirmó que existen decenas de expedientes listos para avanzar judicialmente en caso de incumplimiento de pago.
En paralelo, el gobierno provincial continúa realizando notificaciones casa por casa a las familias involucradas. En algunos casos, los montos reclamados superan los cinco millones de pesos y deben abonarse dentro de plazos establecidos por la Provincia.
La política generó debate entre especialistas y abogados, algunos de los cuales cuestionaron la legalidad de las multas y sostuvieron que no existe una normativa específica que habilite esos cobros. Desde la administración santafesina defendieron la medida y remarcaron que los operativos demandan recursos públicos financiados por toda la sociedad.
Mientras tanto, las investigaciones continúan en distintos puntos de Santa Fe, donde ya fueron identificadas más de 70 personas vinculadas a amenazas escolares desde comienzos de año.
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