Representantes de ATE, legislativos y judiciales advirtieron en el Senado que el proyecto oficialista implica un "brutal ajuste" que licúa el 82% móvil y recorta haberes iniciales. Con simulaciones numéricas, alertaron sobre futuros juicios por inconstitucionalidad y exigieron debatir el proyecto alternativo de la Multisectorial, que propone un fideicomiso para salvar la Caja sin afectar a los trabajadores.
11 de junio de 2026
Este jueves, las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales del Senado provincial -conducida por los senadores Gustavo Vergara (Juntos x ER) y Juan Pablo Cosso (Más para ER)- recibieron en el Salón de los Escudos a los gremios estatales para evaluar el proyecto de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional".
Durante tres horas, los legisladores escucharon el rechazo de las conducciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) a las modificaciones de la Ley Nº8.732 que rige las jubilaciones entrerrianas.
Los números del impacto en el bolsillo según los gremios
El debate entró en su etapa sensible al analizarse el impacto real sobre el salario de los futuros jubilados. Oscar Muntes y Víctor Sartori (ATE) rechazaron que los trabajadores paguen el costo: "No somos responsables de este déficit, fueron los que gobernaron. Es un brutal ajuste que destroza el 82% móvil y el espíritu solidario".
Según los cálculos del gremio, las jubilaciones comunes bajarían al 61% del salario activo y las diferenciadas al 51%, obligando a aportar más para ganar menos. Como contrapropuesta, Sartori pidió analizar el proyecto alternativo de la Multisectorial presentado en Diputados, el cual plantea financiar la Caja mediante un fideicomiso de sustentabilidad.
Desde el sector judicial, José María Segura y Mabel Pedrero (AJER) tildaron de "falaz" la emergencia del Ejecutivo y señalaron que las fórmulas oficiales proyectan pérdidas de entre el 30% y el 36%. Advirtieron que la provincia enfrentará una "usina de litigios" por inconstitucionalidad, mientras que Alfredo Britos (UEJN) calificó la medida de "regresiva" por crear un aporte solidario extra.
Sobre el final, Sergio Almeida (APLER) exigió buscar financiamiento alternativo porque "el déficit no debe caer sobre las espaldas de los trabajadores". Tras las exposiciones, senadores y sindicalistas abrieron una ronda de preguntas para cruzar datos sobre paridad de género, la situación de los pasivos actuales y los detalles técnicos de la propuesta gremial.
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