El Senado de la Nación convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de “Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. La norma reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente y busca garantizar la continuidad de las prestaciones previstas en la Ley 24.901.
20 de noviembre de 2026
La iniciativa obtuvo 71 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, tras haber recibido un respaldo casi unánime en la Cámara de Diputados, donde sumó 237 avales. La ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla dentro de los 30 días hábiles posteriores.
Qué cambia para las personas con discapacidad
La ley mantiene los principales pilares del sistema vigente: el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el nomenclador único de prestaciones y la actualización mensual de los aranceles de acuerdo con la movilidad jubilatoria, vinculada al IPC.
Las pensiones no contributivas por discapacidad se fijan en el 70 % del haber mínimo jubilatorio y se actualizan automáticamente según la movilidad del sistema previsional. La norma también garantiza el acceso de los titulares de pensiones por invalidez y discapacidad a las prestaciones básicas del programa Incluir Salud.
Para acceder a la pensión, el beneficiario deberá contar con el CUD, acreditar identidad, edad y nacionalidad con el DNI, someterse a una evaluación socioeconómica y percibir ingresos individuales netos inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Trabajo y pensión
Uno de los puntos centrales de la ley es la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el trabajo registrado. Las personas con CUD podrán mantener un empleo formal, estar inscriptas en el monotributo o en el régimen general, sin perder el beneficio, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.
“Nadie más va a tener que estar esperando para cobrar y ver reconocidos sus derechos”, celebró la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, al destacar ese avance.
La ley también refuerza el respaldo presupuestario. En caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. Además, establece mecanismos para evitar que los recursos asignados por beneficiario pierdan valor frente a la inflación.
Deuda con prestadores
La norma incorpora un mecanismo para regularizar la deuda acumulada con prestadores. El Poder Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma de pagos y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes.
La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá realizar auditorías periódicas mediante cruces de datos con ANSES, ARCA y ReNaPer, con instancias formales de notificación y descargo antes de cualquier suspensión preventiva.
El reclamo de la oposición
La sanción fue celebrada por el oficialismo, pero la oposición advirtió que la discusión no está cerrada y reclamó que el Gobierno cumpla con la reglamentación y el financiamiento de la ley.
“Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen. Porque cuando uno sigue el discurso del Presidente lo que escucha es un desprecio permanente a las personas con discapacidad”, apuntó el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Wado de Pedro.
La senadora del PJ Ana Marks pidió que las palabras del papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole no se transformen en “palabras vacías”. El radical bonaerense Maximiliano Abad, en tanto, llamó a traducir ese mensaje en “decisiones concretas que transformen la vida de los sectores más vulnerables”.
El consenso logrado
La ley surgió tras un proceso de negociación que incluyó cambios para garantizar el respaldo de casi toda la bancada peronista, que hasta entonces impulsaba la prórroga de la emergencia. El proyecto reemplaza ese esquema, que vence el 31 de diciembre, por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento.
El próximo paso será la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. La oposición ya anticipó que vigilará su cumplimiento y que el debate sobre el financiamiento, las auditorías y la deuda con los prestadores seguirá abierto.
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