La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad en general el proyecto que crea por primera vez un Régimen de Consorcios Camineros en la provincia, con el objetivo de agilizar el mantenimiento de los caminos rurales y facilitar la participación de vecinos y actores privados. En el recinto destacaron que la iniciativa busca reducir la burocracia y dar respuestas más rápidas a las necesidades de la red vial entrerriana.
1 de septiembre de 2026
Entre Ríos cuenta finalmente con un Régimen de Consorcios Camineros, herramienta que permitirá sumar a los consorcios en tareas vinculadas con la conservación y mejora de los caminos rurales. Durante el debate por la sanción en el Senado, el oficialismo defendió la flexibilización de los procedimientos y la posibilidad de que los vecinos puedan participar en la atención de las falencias, que el Estado no logra resolver con la rapidez necesaria. “Lo que se pretende es hacerlo más accesible para aquellos vecinos que sientan la necesidad de cubrir falencias que el Estado no puede y quieran participar con la actividad privada”, explicó el senador Jaime Benedetti.
El gobernador Rogelio Frigerio defendió días pasados en la Expo Rural de Colón el impulso a la ley, al señalar que los consorcios descentralizarán la gestión de los caminos rurales, agilizarán el mantenimiento de la red vial comunal y permitirán que los fondos públicos se manejen con la eficiencia que se genera al transferirlos a los actores locales, que conocen el territorio de primera mano. El mandatario aclaró que esta herramienta complementa el trabajo del Estado y se alinea con una histórica inversión en maquinaria vial para la provincia, que se está concretando en estos días.
El proyecto sancionado sin modificaciones ya contaba con la media sanción previa por unanimidad, de la Cámara de Diputados. Desde la oposición, los senadores Juan Conti y Víctor Sanzberro coincidieron en la necesidad de mejorar los caminos rurales, pero cuestionaron aspectos del proyecto y reclamaron precisiones sobre el futuro del personal de Vialidad. Sanzberro advirtió que la iniciativa permite a los consorcios intervenir no solo en la red terciaria, sino también construir obras, alcantarillas y puentes, además de tomar tramos de la red secundaria. También objetó que queden exceptuados de la Ley de Obras Públicas. “Estamos abriendo un atajo que esquiva controles”, sostuvo.
El bloque peronista Más para Entre Ríos acompañó la aprobación en general, planteando reparos en artículos específicos referidos a los controles de los fondos y al resguardo de las fuentes de trabajo de la DPV. Desde ese sector se propuso que cada desembolso a los consorcios cuente con certificación previa y aprobación de inspectores de Vialidad, además de publicar fondos asignados, tramos intervenidos y el estado de las certificaciones técnicas. También respaldó el reclamo del gremio Soever por el impacto de la norma sobre los trabajadores viales. Con la sanción, el Ejecutivo podrá avanzar en la implementación del nuevo régimen, mientras persisten las diferencias sobre los mecanismos de control y el rol que tendrá Vialidad en el esquema.
Qué dice la ley sancionada
El proyecto de ley sancionado surgió de la unificación de tres expedientes; tiene 3 títulos y 36 artículos. Establece que los Consorcios Camineros se constituirán como asociaciones civiles sin fines de lucro y entidades de bien público destinadas al mantenimiento, reparación y mejora de la red vial terciaria, comunal, vecinal y, eventualmente, tramos de la red secundaria con aval estatal. La iniciativa autoriza a la DPV a contratar de manera directa con estos consorcios y a cederles o alquilarles equipos viales.
Financieramente, los consorcios se sustentarán a través de la distribución anual del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, aportes privados, convenios con municipios o comunas y otras transferencias públicas; asimismo, la DPV otorgará hasta el 80% del financiamiento en convenios de mantenimiento y hasta el 85% en otras obras viales, mientras que el Estado provincial podrá actuar como garante para la adquisición de maquinaria.
Finalmente, el marco legal impone exenciones impositivas provinciales a sus actividades, fija que sus utilidades deben reinvertirse exclusivamente en infraestructura vial y dispone el control técnico, contable e institucional por parte de la DPV y de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, reservando la fiscalización externa al Tribunal de Cuentas cuando administren recursos públicos.
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