La Cámara baja entrerriana dio luz verde por unanimidad a una normativa que establece mecanismos de intervención ante situaciones de maltrato y acoso en el ámbito parlamentario. El documento estuvo bajo análisis de una comisión especial durante un año. Con enfoque prioritario en la prevención, busca garantizar ambientes de trabajo respetuosos y con perspectiva de derechos humanos.
En el marco de la quinta sesión ordinaria del 147° período legislativo, la Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó por unanimidad este jueves el "Protocolo Específico para la Prevención e Intervención en casos de Violencia Laboral y Violencia Laboral con Motivo de Género". La normativa surge como respuesta a la necesidad de institucionalizar canales de protección luego de la denuncia por violencia institucional presentada por la diputada Laura Stratta (Más para ER) en abril de 2025 contra el presidente del cuerpo, Gustavo Hein (Juntos por ER), y el posterior fallo judicial que instó a las autoridades a tomar medidas concretas.
Defensa del oficialismo y enfoque técnico
La Comisión Especial encargada de redactar el texto fue presidida por la diputada Carolina Streitenberger (Juntos por ER), quien fue la encargada de defender la postura del oficialismo en el recinto. Durante su intervención, destacó que el protocolo no solo aborda el maltrato físico o verbal, sino que incluye nuevas modalidades como la violencia digital laboral, que penaliza la difusión de material privado o campañas de desprestigio en redes. "El objeto es establecer mecanismos de prevención, orientación y abordaje ante situaciones que afecten la dignidad, la salud o la libertad de las personas trabajadoras", remarcó la legisladora.
La postura de la minoría
Desde el bloque Más para Entre Ríos, la diputada Laura Stratta expresó el acompañamiento de la primera minoría a la iniciativa. La legisladora subrayó la importancia de contar con una herramienta que brinde seguridad a todas las personas vinculadas a la Cámara, sin importar su jerarquía o modalidad de contratación.
Puntos clave del nuevo protocolo
- Alcance: Rige para empleados, contratados y locadores de servicios de la Cámara de Diputados.
- Autoridad de Aplicación: El área de Personal, mediante un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y abogados, atenderá las consultas.
- Principios: Se garantizan la confidencialidad, la no revictimización y el derecho a ser oído personalmente.
- Medidas preventivas: La persona afectada podrá solicitar cambios de lugar u horario de trabajo para resguardar su integridad.
- Capacitación obligatoria: Todo el personal deberá formarse en la materia al menos una vez al año. El equipo interdisciplinario que llevará adelante la aplicación de este protocolo deberá estar conformado en un plazo máximo de 90 días.
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