La presentación por parte del Gobierno fue realizada ante la Unidad Fiscal de Paraná tras un episodio ocurrido este martes en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos. La Provincia sostiene que unas 100 personas ingresaron por la fuerza y protagonizaron forcejeos, amenazas y daños. También pidió medidas de seguridad para los trabajadores.
9 de septiembre de 2026
La denuncia fue presentada por la directora General de Recursos Humanos, Luciana Kapp, quien señaló que alrededor de las 10.30 del martes, un grupo de aproximadamente 100 personas identificadas con pecheras de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llegó al edificio de calle Corrientes, en Paraná. Según la presentación, entre los manifestantes había dirigentes de la seccional provincial y del Consejo Directivo Nacional del gremio.
De acuerdo con lo informado por el Gobierno provincial, el grupo habría forzado el ingreso al edificio y protagonizado un forcejeo con trabajadores de Mesa de Entradas. Luego, las personas se desplazaron por distintas oficinas y, según la denuncia, se produjeron expresiones intimidatorias y amenazas hacia empleados, además de empujones, golpes contra puertas y daños en mobiliario. Un trabajador, según consta en el relato oficial, permaneció encerrado en una oficina y llamó al 911.
“Hechos de violencia e intimidación”, fue la calificación utilizada por la Dirección General de Recursos Humanos para describir lo ocurrido. La denuncia también incorpora un antecedente del 19 de mayo de 2026, cuando la funcionaria habría recibido amenazas de similar gravedad. La Provincia aseguró que pondrá a disposición de la Justicia registros fílmicos y testimonios de más de una decena de personas.
Los incidentes se produjeron en el marco de una jornada de protesta provincial motivada por reclamos salariales y laborales dirigidos al Ejecutivo entrerriano. El gremio estatal exigía la urgente reapertura de la mesa de negociación paritaria, denunciando que el plazo de agosto venció sin convocatoria oficial y alertando sobre una pérdida del poder adquisitivo superior al 44%.
Asimismo, la movilización específica hacia la Dirección General de Recursos Humanos buscaba destrabar y acelerar las resoluciones administrativas para las recategorizaciones de más de 1.300 empleados públicos, quienes aguardan el reconocimiento formal de sus cursos de capacitación para acceder a mejoras en sus escalafones.
Ahora será la Justicia la que deberá analizar los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que correspondan. El Gobierno también solicitó medidas de seguridad para proteger al personal de la Dirección General de Recursos Humanos ante posibles nuevos episodios.
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