El Gobierno provincial declaró la Emergencia Hídrica en todo el territorio entrerriano por 180 días corridos, a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial. La medida apunta a anticiparse a un escenario de mayor riesgo por la posible intensificación y persistencia de El Niño, con crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, lluvias intensas y anegamientos. El texto oficial aclara que la declaración no implica que el desastre sea inevitable, sino que existe un escenario extraordinario que exige prevención.
31 de agosto de 2026
El gobernador Rogelio Frigerio firmó el Decreto N°2660, emitido este 26 de agosto, que habilita un marco especial para planificar y ejecutar acciones de prevención y respuesta en toda Entre Ríos. La decisión se apoya en un informe técnico de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias y en proyecciones hidrometeorológicas para los próximos meses. Según el decreto, los antecedentes científicos permiten prever un escenario con posibles “crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, precipitaciones locales intensas, anegamientos, saturación de suelos y alteraciones en los sistemas de drenaje y escurrimiento”.
Entre las tareas previstas figuran la reparación y el refuerzo de defensas y terraplenes, la limpieza de alcantarillas, canales y cunetas, la remoción de obstrucciones, la protección de márgenes erosionadas, la puesta a punto de estaciones de bombeo y la estabilización de caminos. También se busca disponer con anticipación de insumos, equipos y maquinaria. El decreto advierte sobre la vulnerabilidad de rutas, puentes, sistemas de desagüe y provisión de agua potable, cuya afectación podría comprometer servicios esenciales y actividades económicas.
La emergencia también permite a ministerios y organismos provinciales adoptar medidas administrativas, técnicas y operativas y, cuando corresponda, utilizar mecanismos excepcionales de contratación previstos por la legislación vigente. Sin embargo, el Gobierno dejó expresamente establecido que la declaración no habilita contrataciones directas de manera general. Cada expediente deberá justificar la necesidad de la contratación, demostrar su vínculo directo con la emergencia y contar con la autorización del ministro del área correspondiente. Además, las jurisdicciones podrán realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para afrontar los gastos.
El decreto tendrá vigencia durante 180 días desde su publicación oficial e invita a municipios y comunas a coordinar medidas con la Provincia. En uno de sus fundamentos centrales, el Ejecutivo sostiene que “la declaración de emergencia no constituye por sí misma una fuente autónoma de potestades para apartarse de los procedimientos ordinarios de contratación”, una definición que fija límites al uso de las facultades excepcionales. La apuesta oficial, en definitiva, es ganar tiempo para ejecutar obras y reforzar zonas vulnerables antes de que un eventual agravamiento de las condiciones climáticas convierta las acciones preventivas en respuestas tardías.
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