Ediles de Juntos por Entre Ríos cuestionaron la decisión del Defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, de intervenir como “amicus curiae“ en el amparo contra el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares. Le reclamaron “neutralidad institucional” y sostuvieron que la Defensoría debe concentrarse en los problemas cotidianos de los vecinos de la capital entrerriana.
20 de agosto de 2026
Este jueves, el Bloque de Concejales de Juntos por Entre Ríos de Paraná salió al cruce del Defensor del Pueblo de la ciudad, Lisandro Amavet, quien fue admitido como amicus curiae —una figura que permite aportar elementos a un tribunal en una causa— en el amparo colectivo presentado contra el nuevo sistema centralizado de provisión de alimentos para comedores escolares de Entre Ríos.
La causa fue iniciada por padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Fundación CAUCE contra el Superior Gobierno de la Provincia. En ese expediente, Amavet planteó que la sustitución de alimentos frescos por productos industrializados podría afectar derechos de niños y niñas y cuestionó su compatibilidad con las normas sanitarias. El bloque opositor, en cambio, sostuvo que la intervención del funcionario, acompañada por una comunicación pública y una nota de opinión, implica un posicionamiento que excede las funciones de la Defensoría.
“El defensor del pueblo debe respetar la neutralidad institucional y no utilizar su cargo con fines políticos”, plantearon los concejales de Juntos por Entre Ríos, integrado por Silvia Campos, Maximiliano Rodríguez Paulin, Roxana Toso, Pablo Donadío y Fabián Carbajal. En ese sentido, remarcaron que el organismo debe actuar con independencia y ecuanimidad, sin convertir su estructura en una herramienta de disputa política. También reclamaron que la Defensoría destine sus esfuerzos a los reclamos que afectan de manera directa a los habitantes de Paraná.
Entre los temas que el bloque considera prioritarios mencionó los cortes y problemas de presión en el suministro de agua potable, las deficiencias del transporte urbano, el deterioro de calles y sistemas de drenaje, las fallas del alumbrado público, el saneamiento de arroyos, y los pedidos de información sobre servicios concesionados y el uso de fondos municipales. El planteo se suma al debate abierto por el nuevo esquema de comedores escolares, que permanece bajo discusión judicial, mientras el gobierno provincial sostiene su decisión de avanzar con la transformación del sistema.
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