La presidenta de la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia (STJ) alertó sobre la magnitud de la problemática y las dificultades para garantizar protección efectiva a las víctimas. Señaló que la falta de coordinación entre organismos estatales puede debilitar las intervenciones y explicó cómo una herramienta tecnológica busca mejorar la articulación institucional.
21 de octubre de 2026
Entre Ríos registra alrededor de 10.000 denuncias por violencia de género al año. El dato fue destacado por Laura Soage, presidenta de la Sala Laboral del STJ, quien advirtió que la dimensión de esta problemática supera la capacidad de respuesta que hoy pueden ofrecer las instituciones y plantea desafíos, tanto para la prevención como para el seguimiento de las medidas de protección.
“Es una problemática desde hace muchos años que lamentablemente va creciendo y que, a pesar de los esfuerzos realizados por los distintos sectores del Estado, tanto del Ejecutivo, en materia de Seguridad y de Salud, también desde la Justicia, no podemos cumplir con el objetivo que debe cumplir el Estado de contribuir a prevenir y eliminar la violencia de género”, sostuvo Soage en una entrevista en el programa A Puro Cuento.
La magistrada remarcó que la intervención no termina con la recepción de una denuncia. También es necesario controlar las medidas de protección y asegurar que las víctimas accedan a los recursos que necesitan. En ese proceso, uno de los principales obstáculos es la fragmentación institucional: quienes buscan ayuda suelen recorrer distintas dependencias, cuyos equipos no siempre comparten información ni coordinan sus acciones.
“Desde las instituciones muchas veces estamos fragmentados, estamos desconectados”, explicó. Como ejemplo, describió la situación de una mujer que necesita dejar la vivienda que comparte con su agresor. Aunque la Justicia disponga una medida de protección, su cumplimiento puede depender de que se consiga un lugar seguro donde alojarla.
Una herramienta para mejorar la coordinación
Ante esas dificultades, Soage destacó el desarrollo de una infraestructura tecnológica que busca conectar a los organismos que intervienen en casos de violencia de género. La iniciativa surgió de una propuesta de integrantes del Poder Judicial y se concretó con recursos propios.
Se trata del SIAV (Sistema Interinstitucional de Abordaje de la Violencia), a cargo del STJER, puesto en marcha en noviembre de 2025 y actualizado en octubre de 2026. Este sistema digital unifica el formulario de denuncia con un predictivo de riesgo informático y un módulo de Alojamiento Seguro, permitiendo que los juzgados dispongan de medidas de protección (como restricciones de acercamiento o botones de pánico) en tiempos mínimos.
“Se pensó en una especie de infraestructura tecnológica que vincule a todos los organismos que trabajan en violencia”, explicó la presidenta de la Sala Laboral. La herramienta cuenta con distintos módulos y apunta a facilitar el intercambio de información y la articulación entre las instituciones.
El objetivo es reducir las demoras y evitar que la respuesta dependa de gestiones aisladas, especialmente cuando una víctima necesita protección urgente. La experiencia expone un desafío que va más allá de la actuación judicial: garantizar que las decisiones se traduzcan en asistencia concreta.
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