El caso que investiga el desvío de al menos 53 millones de dólares de la Legislatura provincial retoma su curso, tras meses de freno por planteos de la defensa. Desde el próximo martes 26 de mayo, los tribunales de Paraná serán escenario de un cronograma de audiencias que buscan definir el camino hacia el juicio oral, del mayor escándalo de corrupción de la última década en la región.
18 de mayo de 2026
La Causa de los Contratos Truchos de la Legislatura entrerriana reanuda sus audiencias de elevación a juicio el 26 de mayo, tras meses de parálisis por recursos de la defensa y la resolución de la Cámara de Casación Penal. El proceso, a cargo de la jueza de Garantías Marina Barbagelata, se extenderá con jornadas intensivas hasta el 10 de julio. Las mismas buscarán continuar hacia al juicio oral, en una investigación que abarca un presunto desvío de alrededor de 53 millones de dólares entre 2008 y 2018.
La investigación fiscal apunta a una estructura delictiva que utilizaba falsos contratistas con el fin de sustraer fondos públicos, articulada desde el estudio Integral Asesoría en Paraná, para financiar inversiones inmobiliarias y agroganaderas. La causa tiene 18 imputados, incluyendo a Juan Pablo Aguilera, ex secretario coordinador de la Cámara de Senadores y cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri; Flavia Beckman y Hugo Mena, supuestos encargados de reclutar a las personas que luego figurarían en los contratos, entre los principales. La fiscalía busca elevar a juicio la causa por corrupción, mientras la Fiscalía de Estado actúa como actor civil.
Con respecto al funcionamiento interno del esquema, el fiscal Aramberry describió con precisión el rol de la estructura: “Un grupo de personas constituían la mano de obra que ejecutaba las directivas de quienes estaban por encima. Este grupo reclutaba falsos contratistas y percibía el dinero que iba liberando la Legislatura. Hugo Mena se encargaba de registrar todo y lo hacía de manera prolija, a los efectos de rendir cuentas a los eslabones superiores de la cadena”. Aguilera se ubicaba en la cúspide organizativa de la red criminal, según consta en la investigación.
El cronograma intensivo establecido por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) busca resolver la etapa de discusión preliminar, tras la desestimación de impugnaciones extraordinarias de la defensa. Se espera que la jueza Barbagelata defina la elevación a juicio tras la revisión de las evidencias, que incluyen correos, cheques y listados de contratos apócrifos.
Cómo se originó la investigación
La denominada causa de los contratos truchos comenzó en 2018, cuando una investigación judicial detectó una maniobra sistemática de contrataciones irregulares dentro de la Legislatura de Entre Ríos. La pesquisa se inició luego de que un policía advirtiera movimientos sospechosos en cajeros automáticos de Paraná, donde una misma persona operaba numerosas tarjetas de débito para retirar dinero.
A partir de allí, los fiscales descubrieron un esquema mediante el cual se realizaban contratos legislativos a nombre de personas que, en muchos casos, actuaban como “prestanombres” y cobraban apenas una parte del dinero, mientras el resto era retirado por integrantes de la organización.
Con el avance de la investigación, fueron imputados empleados legislativos, contadores y personas vinculadas al manejo administrativo de ambas cámaras. En 2021 la causa fue elevada a juicio, aunque distintas apelaciones y planteos de competencia llevaron el expediente incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demorando durante años el inicio del proceso oral.
Recién en 2025 comenzaron las primeras audiencias de remisión a juicio y este año la Justicia abrió una segunda etapa de investigación orientada a determinar posibles responsabilidades políticas de ex autoridades legislativas y ex funcionarios provinciales.
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