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Protección judicial para los policías que denunciaron el manejo ilegal de adicionales

Protección judicial para los policías que denunciaron el manejo ilegal de adicionales
El Juez de Garantías Julian Vergara

El juez de Garantías, Julián Vergara, prohibió a la cúpula policial realizar traslados o sanciones contra los efectivos del 911 que revelaron desvíos de fondos, garantizando su estabilidad laboral por 90 días ante posibles represalias.

 La Justicia de Entre Ríos dio un paso decisivo para proteger a los uniformados que denunciaron un presunto sistema de recaudación ilegal dentro de la División 911 de Paraná. El magistrado Julián Vergara dictó este viernes una medida cautelar que impide cualquier tipo de acto administrativo, como cambios de turno o traslados, contra los denunciantes. Esta decisión responde a un pedido directo del fiscal Gonzalo Badano, quien intervino luego de que los efectivos solicitaran resguardar sus identidades para evitar persecuciones internas dentro de la fuerza. 

El conflicto nació cuando un grupo de agentes acusó formalmente a funcionarios policiales por la malversación de dinero, destinado a los servicios adicionales. Según la denuncia original, existía una maniobra para desviar los pagos que los uniformados deben percibir por sus horas extras de vigilancia. A raíz de esto, a finales de abril se realizó un operativo en la sede de las Cinco Esquinas para retirar documentación y archivos digitales que hoy son piezas clave en la investigación que busca transparentar el manejo de fondos públicos.

La orden judicial notifica directamente al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, sobre la prohibición de ejecutar medidas disciplinarias sin sustento técnico previo. El fallo busca frenar actos de hostigamiento o vigilancia tanto en el ámbito laboral como personal de los policías y sus familias.

Actualmente, la causa se encuentra en etapa de análisis de las pruebas digitales y documentales secuestradas en la División 911. La medida cautelar tiene una vigencia inicial de tres meses, bajo la advertencia de que cualquier incumplimiento derivará en la detención inmediata de los responsables por desobediencia judicial. Con este respaldo, el proceso busca determinar el alcance real de la estafa y si existen más jerárquicos involucrados en este esquema.